Las tierras ociosas que pretende expropiar el Congreso Nacional que preside Juan Orlando Hernández, vía reforma de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, incluyen también el sector reformado.
Varias organizaciones campesinas disponen de tierras que no cultivan, aunque no en la cantidad de los terratenientes, pero no pueden quedar al margen de las reformas que sufriría el artículo 51 de la referida ley.
El exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Eduardo Villanueva, dijo que el sector reformado tiene unas 600 mil hectáreas que no cultiva en un 100 por ciento.
Preguntado sobre el particular, el asesor jurídico del INA, Marco Ramiro Lobo, dijo: “Cuando nosotros hablamos de ociosidad de la tierra hablamos del sector campesino y hablamos de los grandes tenedores de la tierra”.
Sin embargo, en el caso del sector reformado se hará una investigación sobre las tierras que no se cultivan.
“Tenemos que verificar esa información, porque lo que hemos tenido son campesinos sin tierra, que lo que tienen son enormes parcelas que tienen dificultades para hacerlas producir”, añadió Lobo.
Como el Congreso Nacional se apresta a aprobar la reforma a la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, para legalizar las expropiaciones, un grupo de dirigentes campesinos, aglutinados en el Frente Nacional Campesino, llegó a este poder del Estado a respaldar dicha iniciativa.
Los campesinos reconocen que ellos tienen algunas tierras incultas, pero es por temporadas porque afrontan serias dificultades para acceder a créditos y para comprar tecnología.
En un comunicado, el Frente Nacional Campesino pide destinar para fines de reforma agraria todas las tierras nacionales y fiscales en manos de particulares.
Pedro Guevara, dirigente del Frente Nacional Campesino, dijo que es necesario que el Estado, aparte de dotar de tierras a los hombres del campo, debe darles recursos para producirlas para que estas no caigan en ociosidad.
Por su parte, José Maldonado, de la Unidad Campesina de Desarrollo, dijo que “nuestro sector tiene un problema muy difícil, que es el acceso a crédito y a la tecnología, porque aquí en este país todo está listo solo para los grandes sectores”.
“Si hay tierras ociosas (entre los campesinos) es por la limitante que tiene nuestro sector. Son cantidades mínimas porque ahí viven nuestros campesinos”, dijo Maldonado.
Los campesinos estiman que los terratenientes poseen unas 500 mil hectáreas que están ociosas y “algunos las han cercado con maña, porque detrás de ellos está el poder militar”.
Santos Caballero, secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), dijo estar de acuerdo en que el Estado le quite a los campesinos las tierras ociosas y se las entregue a otros grupos que las necesitan.
“Si una empresa campesina no está trabajando la tierra para lo que se le dio, pues el INA va a tener que saber qué es lo que tiene que hacer, porque se ha dado la tierra para que se haga producir”, dijo.
“El problema es que no tenemos los fondos para desarrollarlas”, insistió.
María Alicia Calles, secretaria general de la Unión de Mujeres Campesinas, dijo que el Estado debe tomar en cuenta a las mujeres en la dotación de tierras.
Las mujeres campesinas han demostrado que tienen las mismas condiciones que el hombre para cultivar la tierra. Y tienen la ventaja de que ellas “no cultivan para chupar (guaro)”.
El Congreso Nacional discutirá esta semana la polémica reforma a la Ley de Modernización.
El sector privado, a través de la Fenagh, se pronunciará esta misma semana sobre la pretendida reforma.
Esta reforma no solo pretende expropiar las tierras ociosas, sino que crear las condiciones para titular las tierras que ya están en poder de los campesinos.
Mora agraria reducida en 60 por ciento
El Instituto Nacional Agrario (INA) ya legalizó el 60 por ciento de las tierras que originalmente estaban incluidas en el inhabilitado decreto 18-2008.
Antes de que este decreto fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2010, el INA ya había
legalizado más de 40 mil hectáreas.
El decreto 18-2008 surgió con la idea de legalizar unas 60 mil hectáreas de tierra que los campesinos ocupan desde hace 40, 30, 20, 10 y 5 años que forman parte de la mora agraria.
Esta mora agraria está incluida en unos 500 expedientes que el Consejo Nacional Agrario nunca resolvió.
Según fuentes del INA, si el Congreso Nacional retoma el decreto, es poco lo que se va a legalizar.