TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Casi 700 demandas se dirimen en los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo, interpuestas por oficiales y agentes cancelados definitivamente de la institución policial a raíz de la puesta en marcha de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
“Hay un total de 694 demandas presentadas en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a partir de la entrada en vigencia del decreto de reestructuración”, confirmó Adán Cardona Colindres, oficial de transparencia de la Procuraduría General de la República (PGR), ante una petición hecha por EL HERALDO.
Más de 5,200 policías salieron de la institución desde la puesta en marcha del decreto legislativo 21-2016, que le dio vida a la Comisión de Depuración.
Pero solamente 694 elementos policiales determinaron demandar al Estado, ya que consideraron que su cancelación y despido fue injusta.
De acuerdo con las alegaciones de ellos, su cancelación de la institución armada es ilegal porque violenta preceptos indicados en la Constitución de la República.
Según cifras oficiales de la Comisión de Depuración, la mayoría de los agentes cancelados aceptaron el pago de las prestaciones laborales.
El Estado de Honduras ha pagado más de 745 millones de lempiras hasta el mes de septiembre por concepto de prestaciones a agentes y altos oficiales de la Policía Nacional.
“Las prestaciones laborales se han pagado con recursos provenientes de los ahorros efectuados por los salarios dejados de devengar de los mismos policías que fueron depurados, de tal manera, que el Estado no ha tenido que hacer ninguna ampliación presupuestaria para este menester”, explicó a EL HERALDO Omar Rivera, representante de la Comisión de Depuración.
Sentencias favorables
En las últimas semanas, el Estado -a través de la PGR- se agenció tres sentencias a su favor de expolicías que lo habían demandado.
“Siendo que no hay sentencias firmes en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, no se ha realizado pago alguno por concepto de demandas, ya que se han emitido tres sentencias definitivas en primera instancia favorables al Estado de Honduras”, señaló Adán Cardona, oficial de Transparencia.
En uno de los casos, los jueces de lo Contencioso Administrativo resolvieron “declarando improcedente la demanda incoada por el señor Francisco Humberto Bocanegra, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 1308-2016 de fecha 7 de junio de 2016”.
Asimismo, indica que “se ordena que en caso de no habérsele cancelado los derechos que le corresponden y que son ordenados en el decreto legislativo 021-2016, le sean cancelados”. “Este fallo de la instancia contencioso administrativo es una señal inequívoca de que el proceso de reestructuración policial se llevó a cabo en el marco de la ley y ajustado a derecho”, señaló Omar Rivera.
