CHOLOMA, CORTÉS.- Durante 20 años, unos 270 vendedores informales deberán pagar más de L55 millones por el mercado El Ceibón que la Municipalidad de Choloma mandó a construir en el centro de la ciudad y que ahora está abandonado.
Ubicado a dos cuadras del parque central, este mercado está desolado y en visible proceso de deterioro por falta de mantenimiento: de más de 250 locales, solo alrededor de 30 se encuentran ocupados, la mayoría de estos están frente a la calle y unos pocos en el interior.
Aún sin concluir, en 2017, la municipalidad, dirigida por Leopoldo Crivelli, inauguró el mercado donde los comerciantes que vendían en las calles recibirían un cubículo que pagarían mensualmente al banco.
“A nosotros nos mostraron una maqueta muy bonita. Nos dijeron que el mercado iba a tener unos muros interiores de bloque de seis pulgadas, pero el ingeniero solo construyó de bloque las paredes de alrededor; hizo las paredes internas con tabla yeso y el techo con láminas de asbesto. Eso ya no se usa porque da cáncer. El banco tuvo que quitar el asbesto y poner aluzinc”, dijo Fredy Martínez, vendedor.
Para Martínez, “esta es una decepción y una estafa”. Relata que “la gente se ha ido porque no vende, pero debe pagar el préstamo de estos pequeños cajones que valen el precio de una casa”.
“Esto sucedió porque la municipalidad, dueña del terreno, no supervisó. El banco le dio L15 millones adelantados al ingeniero y no tenía mes y medio y llegó por L10 millones más. Ahora tenemos que pagar ese préstamo, a mí ya me sacaron L12,000.
Otra persona ya pagó L54,000 . Una vendedora pidió un préstamo a un banco y no se lo dieron: la metieron en la central de riesgo por esta deuda”, dijo. Edwin Tejada, reparador de computadoras, es uno de los pocos que ocupa un pequeño local de unos dos metros por cuatro de profundidad. “Utilizó este lugar como taller. Para vender no sirve porque no viene la gente a comprar”, dijo Tejada.
El Ministerio Público acusa a Crivelli, Carlos Noé Ramírez, expresidente de Banadesa; Raúl Antonio Herrera, exgerente de fideicomisos; Julio César Maldonado, representante de Grupo Surco, y José Rubén Álvarez, presidente de la Cooperativa Anavihl, por violación a los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos.
Después de ser capturados (el martes), en la madrugada del miércoles, Ramírez, Herrera Rodríguez y Crivelli comparecieron en la audiencia de declaración de imputado y lograron que el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción les dictara medidas distintas a la detención judicial.
Como reacción, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez para que no se defiendan en libertad.
