TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La decisión de Honduras de denunciar el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un autosabotaje en materia económica que trae consigo riesgos.
Así lo consideró ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al emitir su postura sobre la determinación del país que lo convertirá en el único de Centroamérica que no formará parte de esa institución a partir de finales de agosto próximo. “La denuncia del CIADI es un acto de autosabotaje económico que pone en riesgo no solo la estabilidad actual, sino también las oportunidades futuras de crecimiento y desarrollo de nuestro país”, subraya el comunicado emitido.
Añade que “en un mundo globalizado, donde las reglas del juego están claramente definidas, decisiones como esta nos colocan en una posición desventajosa en el tablero internacional”. El sector privado a través del Cohep manifestó su preocupación al tiempo que toma por sorpresa la acción promovida por el actual gobierno.
El pasado 24 de febrero, el Banco Mundial (BM) recibió una notificación de denuncia por la República de Honduras al acuerdo con el CIADI vigente desde el 16 de marzo de 1989 y que la determinación producirá efecto seis meses después, de conformidad con el artículo 71 del convenio.
El CIADI es la instancia del referido órgano multinacional dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, donde los Estados miembros acordaron que sea el foro para la resolución de diferencias entre los inversionistas, por lo que Honduras fue suscriptor hace casi 35 años. El presidente de la iniciativa privada, Mateo Yibrín, indicó a EL HERALDO que con la salida de Honduras del CIADI podría interpretarse por los empresarios extranjeros como un incremento en el riesgo de inversión.
Otro golpe
“Esta acción es otro golpe a las aspiraciones de desarrollo y progreso, prácticamente le tira la puerta en la cara a la inversión extranjera y la comunidad internacional, enviando un mensaje alarmante de que en Honduras no valoramos la seguridad jurídica ni el diálogo”, cuestiona el brazo técnico-político del sector empresarial del país.
El segundo punto de la misiva indica que “esta decisión lejos de proteger los intereses nacionales amenaza con desatar una huida de inversionistas en un momento en que más necesitamos de su confianza y capital para impulsar nuestra economía”.
El Cohep advierte que se están arriesgando relaciones comerciales vitales “por una apuesta que no ha sido debidamente valorada en términos de sus consecuencias a largo plazo”.
