TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un conflicto de competencias entre la Unidad de Política Limpia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) podría generarse en las próximas elecciones porque ambas instituciones fiscalizarán a los partidos políticos.
Para evitar este problema, que no fue previsto por los congresistas cuando aprobaron la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, se requiere de una reforma a ambas leyes, sugiere la Misión Técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Los expertos que asesoraron al Congreso en los últimos meses tuvieron una serie de reuniones con varios sectores y en ese marco fueron advertidos de esta dualidad de funciones.
“Durante las mesas de trabajo técnico, diversos actores manifestaron la necesidad de realizar una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, específicamente en el apartado de atribuciones, con la finalidad de establecer con claridad que la fiscalización a los partidos políticos corresponde a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización o ente correspondiente”, sugiere la OEA.
Estos cambios en la ley del TSC son necesarios “para evitar que se pueda interpretar que los partidos políticos pueden ser sujetos de doble fiscalización, una ejercida por el Tribunal Superior de Cuentas y otra por el ente fiscalizador electoral”, añade.
De mantenerse un modelo de “doble fiscalización” podría existir conflictos de competencia”, advierte la OEA. Recomienda fortalecer técnica y financieramente a la Unidad de Política Limpia para que cumpla con sus cometidos de fiscalización de los recursos de los partidos y de sus candidatos expuestos en los últimos a la contaminación por el crimen organizado.
“La autonomía presupuestal que le reconoce la ley no ha logrado ser ejercida por la propia Unidad, por lo que se encuentra actualmente con altas limitaciones financieras”, dice la OEA.
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