TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que se discuten en el Congreso Nacional (CN) han abierto una nueva polémica de discusión entre ese poder del Estado y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
La controversia se desató porque la Maccih cuestionó que las enmiendas que se encuentran en segundo debate en el seno de la cámara legislativa debilitan las atribuciones de auditoría y fiscalización del TSC y la independencia del Ministerio Público (MP).
Sin embargo, desde el Poder Legislativo salieron al paso y expresaron que las reformas no generan impunidad y que, por el contrario, se fortalece la capacidad institucional del TSC “para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público, evitando llegar al daño causado”.
El dictamen indica que con las reformas “se crea, además, un estamento de controles preventivos, que obligatoriamente deben aplicarse en todas las instituciones públicas para detectar condiciones de percepción de debilidades administrativas y de conductas de los funcionarios antes de que se llegue al daño causado”.
Controversia
Uno de los puntos que ha causado mayor controversia y debate entre la Maccih, la sociedad civil y el Congreso es la supuesta supresión de seis incisos del artículo cinco de esa legislación.
En el dictamen que tiene en su poder la Maccih aparecen eliminados seis incisos del artículo número cinco de la enmienda.
“La eliminación de estos incisos supondría que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las alianzas público-privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos, así como recursos estatales ejecutados por Organizaciones no Gubernamentales”, interpreta la Misión.
De su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en un análisis hecho al paquete de reformas advierte que “quizá esta sea una de las reformas que más riesgos de impunidad pueda producir”.
Una de las problemáticas actuales es la falta de auditoría a los fondos de ONG, fundaciones y asociaciones que ejecutan fondos públicos, establece el documento, coincidiendo con el posicionamiento de la Maccih.
Existen más de 70 fideicomisos públicos, existen importantes concesiones que generan ingresos públicos y administran el patrimonio público, explica el análisis.
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Reacción
EL HERALDO se contactó con el secretario del Congreso Nacional, el diputado José Tomás Zambrano, quien aseveró que las reformas son positivas para el ente contralor.
“Lamentamos que la Maccih haya emitido un comunicado sin leer detenidamente el documento que está siendo objeto de discusión en el Congreso Nacional, y que contiene las reformas a la Ley Orgánica de TSC, tampoco ha hecho un cotejo con la legislación vigente para conocer el alcance de la reforma”, declaró el congresista.
Expresó que en su comunicado la Misión establece puntos que han sido señalados erróneamente, por lo que es recomendable invitarlos que vengan al CN a conocer y reunirse con la comisión de dictamen.
“No es cierto, se puede comprobar con la simple lectura del artículo uno del proyecto, que es el artículo mandante, en ese artículo se señala que del artículo cinco lo único que se está modificando es el numeral seis, los demás numerales no se están modificando, mucho menos suprimiendo”.
Al modificar el numeral seis, lo único que se hizo fue actualizarlo en relación al nombre que tienen en la actualidad algunas instituciones que ya no existen como tales, como la Procuraduría del Ambiente.
No obstante, en la reforma se incluye como ente objeto de fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas a la Superintendencia de Alianza Público-Privada, que cuando se creó la ley de dicho Tribunal no existía. Igualmente, se incluyó al Tribunal Supremo Electoral, pues en la versión original decía Tribunal Nacional de Elecciones.
Otro punto de controversia para la Maccih es la reforma del artículo 86, que según el ente de la OEA demora los procesos administrativos dentro del TSC.
El criterio de la Maccih es que con la enmienda se extienden los plazos para la presentación de informes de auditoría de 15 a 90 días hábiles para dictar resolución definitiva.
El estudio de la Maccih señala que en el segundo párrafo de ese mismo artículo 86 se permite al pleno del TSC otorgar una prórroga sin límite de tiempo para emitir resolución sobre los pliegos de responsabilidad, sin un protocolo causal que lo justifique, este extremo de la reforma puede traer consigo vicios sustantivos de impunidad.
En relación a esta enmienda, el Congreso Nacional aseveró que este extremo tampoco es cierto, pues en la reforma se establece un plazo máximo de dos meses.
El párrafo segundo del artículo 86 cuestionado por la Maccih literalmente señala que “no obstante lo anterior, las resoluciones podrán dictarse después del plazo señalado por excusas debidamente justificadas, el cual no puede exceder de dos meses; lo cual se debe consignar en la resolución respectiva”.
“Es falso que se diga que el párrafo no señala límite de tiempo”, expresó Zambrano.
La Maccih criticó que el Congreso Nacional quiere vulnerar las atribuciones del MP al pretender que previamente se agote la vía administrativa para iniciar las acciones judiciales pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica del TSC.
“La única referencia que ese artículo hace al Ministerio Público es una ya señalada en la actualidad en el artículo 50 de la ley vigente, específicamente en su tercer y último párrafo, referente a la obligación de comunicar a este ente para el ejercicio de la acción penal cuando de los actos o hechos descubrieren indicios de responsabilidad penal”, explicó el diputado nacionalista.
La ley orgánica -asegura- es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos de comunicar al Ministerio Público cualquier indicio de delito.
En cuanto a la segunda referencia en relación al ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, es algo que se está agregando y es positivo que no está en la ley, lo cual es la responsabilidad que se le debe deducir al auditor interno que no informe de esos hechos.
El congresista expresó que “lo nuevo y que es importante resaltar es que expresamente se está señalando que el auditor interno que no informe ni elabore los pliegos de responsabilidades pertinentes será responsable solidariamente con los servidores públicos reparados, cuando haya tenido conocimiento de esos actos o hechos”.
Esto sin perjuicio de la aplicación del procedimiento respectivo para la destitución de sus cargo, consideramos que señalar esto como algo negativo en la reforma es un absurdo, aseguró el parlamentario.
EL HERALDO conoció que esta tarde los diputados que conforman la comisión de dictamen, Rolando Dubón Bueso, Nelson Márquez, Elden Mejía, Marcos Paz, Gloria Bonilla y Dunia Ortiz, se reunirán con representantes de la Maccih. A este encuentro acudirán los tres magistrados del TSC: Roy Pineda, José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, y representantes de la sociedad civil.
En la reunión se explicarán los alcances de la reforma y se despejarán las dudas a la Maccih.
