TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de una reforma por adición a la Ley General de la Administración Pública, se busca desde el Congreso Nacional quitarle la atribución al Ministerio Público (MP) para responsabilizar a los miembros de órganos colegiados que incurran en acciones de tipo civil o criminal.
En primer debate pasó en la sesión de ayer este proyecto de decreto de enmienda al artículo 115 de la normativa contentiva en el decreto 146-86 presentado por el congresista del Partido Nacional, Marcos Paz y dictaminado por una comisión especial.
La reforma añade a la disposición un párrafo que estipula que “el Tribunal Superior de Cuentas en ejercicio de sus funciones será la entidad responsable de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda de conformidad con el párrafo anterior por las acciones u omisiones realizadas por los miembros de los órganos colegiados a través de las
decisiones adoptadas”.
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