TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó un acuerdo de duelo catalogando las declaraciones del titular del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, “como un entierro de la libertad de expresión”.
Y es que el presidente del Congreso aseguró durante la sesión del miércoles 14 de agosto que tanto el CNA como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) no son entes fiscalizadores ni organismos que combaten la corrupción.
Ante la situación, en el escrito, el CNA expone que “esto se ha convertido en prácticas comunes para atacar a sectores sociales, medios de comunicación y población que disienta sobre las políticas adoptadas por la presente administración”.
En su defensa, el CNA rechazó los discursos todo funcionario y servidor público en contra de sectores conformadores por diferentes actores de sociedad civil y medios de comunicación que han denunciado un manejo ineficiente de los fondos asignados a las instituciones gubernamentales.
Asimismo, denunciaron el uso de bots en redes sociales que han fomentado la descalificación, el acoso y los mensajes de odio, sin ofrecer argumentos válidos ante las críticas.
Como una solución, el CNA exige que el Estado de Honduras garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión para todos y todas.
Resultados
En 2023, un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló el mal funcionamiento del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia en Honduras.
Además, expone que, en el índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, Honduras alcanzó una calificación de 36.50, que significa una -alta restricción- en el ejercicio de estos derechos, “frente a un gobierno con ideología socialista que pretende imponer su régimen por sobre todos los sectores de la población”.
El CNA alega que estas autoridades se ha ido en contra de periodistas y organizaciones de sociedad civil, considerados críticos por parte del gobierno, a través de calificaciones como “adversarios”, “criminales” y “aliados de la narcodictadura”.
