TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió sobre los riesgos que pueden derivar de la crisis institucional detonada en el Ministerio Público (MP) que se da en marco de un Estado de Excepción donde las garantías de los ciudadanos están suspendidas por un Decreto Ejecutivo y se pone en peligro a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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Ariel Díaz, asesor legal del Conadeh, reconoció que las exigencias de la Asociación de Fiscales “son legítimas”, sin embargo, le corresponde al Fiscal General de la República, “solicitar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar, a los fiscales, una retribución por concepto de salarios digna, capaz de garantizarles una estabilidad económica y que puedan desempeñar sus funciones en un entorno digno y libre de violencia”.
El funcionario indicó que, “la situación que los fiscales enfrentan detona en el marco de una crisis institucional que incumple las obligaciones internacionales del Estado, principalmente en su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y, todas aquellas vulneraciones que emanan de particulares”.
Recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la inseguridad en general.
“Debemos resaltar la obligación que tiene el Estado de actuar con la debida diligencia en las investigaciones, facultad exclusiva que se le atribuye al MP, por lo tanto, los fiscales tienen esa responsabilidad con toda la población hondureña”, detalló
El ente estatal de derechos humanos hace un enérgico llamado a las autoridades estatales, particularmente, al Fiscal General de la República, al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas, para que “adopten las medidas necesarias para resolver las exigencias de los fiscales y, de esa forma, garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
”Esta situación pone en grave riesgo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente, a las personas detenidas por la autoridad administrativa y que los fiscales tienen el deber esencial de controlar, en gran medida, la legalidad de estas detenciones e investigar aquellos casos donde se aleguen otras infracciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”, recalcó.
Díaz señaló que, la crisis institucional que se vive actualmente en el Ministerio Público, “es el resultado de la incapacidad institucional de ofrecer una respuesta oportuna a las exigencias planteadas por los fiscales”.
Ante esa situación, es del criterio que el Fiscal General debe sentarse a dialogar con la Asociación de Fiscales para buscar una salida ejemplar pero, también, realizar cuanta diligencia sea necesaria ante el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, para que sean aprobadas las modificaciones y ampliaciones presupuestarias necesarias para garantizar salarios dignos a los fiscales.
En la Octava Convocatoria Nacional, la Asociación de Fiscales de Honduras informó la determinación adoptada junto al personal de Medicina Forense que, por tiempo indefinido, “no estarán realizando ningún tipo de levantamientos, pericias ni autopsias”.
Además, instruyeron que no envíen cadáveres para autopsia ni evidencias para periciar ya que, todo el personal de Medicina Forense estará en “manifestación permanente” hasta obtener una respuesta.
En otra de las cláusulas advierten que, “no estarán compareciendo a ninguna audiencia ni juicio, hasta obtener una respuesta positiva a sus peticiones”.
Desde el pasado 06 de febrero, hace ya cinco semanas, la Asociación de Fiscales de Honduras se mantiene en una lucha por lograr aumentos salariales.
