De acuerdo con el nuevo Código Penal, el funcionario o empleado público que se apropia, directa o indirectamente, para provecho suyo o de un tercero, de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro a seis años.
Asimismo, se le deberá imponer una multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado.
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Pero, en el caso de Bográn y Alex Alberto Moraes Girón, administrador de Invest-H, la acusación sobrepasa los cien mil lempiras, por lo que deberá imponérseles agravantes específicos, en caso de ser hallados culpables.
Es decir, que si se les quebranta el estado de inocencia, a los imputados se les impondría una pena de seis a nueve años de prisión, más multa por una cantidad igual al doble o hasta cuatro veces el valor de lo malversado.
En lista de espera se encuentran otras 22 investigaciones que se irán presentando a medida que se vayan concluyendo.
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“El Ministerio Público reitera a la población que su trabajo lo realiza seria y responsablemente, que al contar con todos los elementos probatorios que sustenten un requerimiento fiscal científicamente bien elaborado y que se reciba la información solicitada por medio de la asistencia jurídica internacional a cuatro países (en algunas de las líneas de investigación), estos serán presentados ante juez competente para deducir la responsabilidad a las personas imputadas”.
Este es el primer caso de corrupción surgido durante la pandemia que ha sido judicializado por la Fiscalía ante la justicia hondureña.
¿Por qué el caso de Bográn fue judicializado en un juzgado ordinario y no ante los Juzgados de Corrupción? El Poder Judicial informó que tanto la norma nacional como la internacional definen a un grupo delictivo organizado como una estructura de tres o más personas que exista durante cierto tiempo, con base en ello el ente acusador decide si presenta acusación en jurisdicción ordinaria o en circuito especial.
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Requerimiento
El requerimiento fiscal señala que en el mes de marzo los funcionarios de Invest-H, Sireya Díaz Mejía, Luz María Aguilar, Héctor Josué Sánchez y Gerardo Cerrato Cerrato iniciaron un aislamiento de lujo con todos los gastos pagados en un hotel capitalino.Este caso fue denunciado en exclusiva por EL HERALDO el 29 de abril y bautizado como la “cuarentena VIP”, dando lugar a que cinco meses después fuera judicializado por los fiscales anticorrupción.
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El aislamiento de lujo incluía el pago de la estadía y alimentación con fondos del Presupuesto General de la República -afectando al Fideicomiso de Infraestructura Vial- y la unidad ejecutora fue la de Conservación Vial, cuyo pago fue realizado mediante una transferencia bancaria.
“Las investigaciones determinaron que tanto el señor Bográn como Moraes Girón, con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia sino para hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de Invest-H en un hotel de lujo, esto a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa”, informó MP.
Los fiscales identificaron en este caso una posible obstrucción a la justicia por parte de los imputados, por lo que solicitaron al juez, bajo el sustento legal del artículo 178 del Código Procesal Penal, que en la audiencia inicial se le dicte un auto de formal procesamiento en su contra.
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