TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las invasiones de tierra siguen sucediendo y la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, que fue creada hace un año, sigue sin presentar avances de los trabajos que realizan para tratar la situación que está afectando la producción y los empleos en varias regiones.
Desde la empresa privada señalan que la comisión que fue instalada en junio del 2023 por el Poder Ejecutivo y que está integrada por representantes del Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP), la Secretaría de Seguridad, entre otras entidades, para solucionar el tema de las invasiones no ha tenido los resultados esperados y, a falta de un informe por parte de la misma, la hipótesis se refuerza.
Hasta noviembre del 2023 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) contabilizó 66,000 manzanas de tierra en producción que habían sido invadidas por grupos campesinos; las invasiones se mantenían en 17 municipios de ocho departamentos del país.
Sin embargo, los empresarios consideran que la cantidad de tierras usurpadas a la fecha es mayor debido a las nuevas invasiones que se han perpetrado.
En 2023 las ocupaciones de tierra por parte de campesinos, especialmente en la zona norte y sur, tomaron auge desde entonces han ido incrementando, la última se registró a inicio del mes de junio en El Progreso, Yoro en una propiedad de la azucarera Azunosa.
A pesar de que las autoridades judiciales ya habían desalojado al grupo de campesinos que desde hace algunas semanas se habían apoderado de la propiedad, la semana pasada el grupo regresó a instalarse de nuevo
El desalojo de hace una semana fue llevado a cabo por elementos de seguridad del Estado bajo estrictas órdenes judiciales, después de que se determinara legalmente que los invasores carecían de cualquier fundamento para sus reclamos.
No obstante, la reincidencia por parte de los campesinos que buscan acceder a la tierra para su cosecha amenaza no solo la operatividad de la azucarera, también el sustento de más de 3,000 familias directas y más de 15,000 personas de manera indirecta que laboran en la finca.
El resurgimiento de estas invasiones no solo afecta la operatividad de la azucarera, también desmotiva la inversión en la industria agrícola, creando un ambiente de incertidumbre que afecta negativamente a la economía nacional, opinan expertos, por lo que pidieron a la comisión desarrollar estrategias y un verdadero plan para acabar con las invasiones.
Avances de la comisión
Las invasiones, ligadas a la falta de medidas para evitarlas por parte de la comisión agraria hace que anualmente se pierdan 2,400 millones de lempiras, según datos del Cohep, por tal razón exigen a los representantes de la comisión hacer algo.
Por su parte, Rafael Alegría, subdirector del INA, manifestó que por parte de la comisión se está trabajando y se han realizado más de 100 desalojos a los grupos campesinos; el funcionario dijo que para terminar con la usurpación de tierras desde el Congreso Nacional se debe aprobar una normativa para dar acceso a la tierra a los campesinos.
“Estamos ante una presión del sector empresarial que exige más desalojo y de los campesinos que exigen tierra para ellos, entonces tenemos que buscar una salida y no hay otra que reformar el campo jurídico, y el Congreso Nacional tiene que hacerlo a la mayor brevedad posible”, declaró.
Las autoridades del INA presentaron hace casi un año un decreto para reformar el sector agrario del país.
Así mismo el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixón Herrera, presentó un anteproyecto que pretendía dar la tierra incautada al crimen organizado y que está en manos de la OABI a los campesinos; sin embargo, ambas iniciativas fueron engavetadas y no han sido presentadas para su discusión ante el pleno de diputados.
La reforma dada a conocer por el INA establece la recuperación de tierras ejidales y nacionales en poder de otras personas para repartirla entre los grupos campesinos, el levantamiento de un censo de los grupos y organizaciones campesinas para conocer su situación y tener un mejor control, así como reforzar la comisión agraria con fondos para realizar operativos a nivel nacional.
Alegría manifestó que a lo largo de los años ha habido una injusticia con los campesinos, con los pueblos indígenas y afrodescendientes que en otras administraciones les han quitado la tierra, por eso es necesario buscar una solución.
A la crítica del sector empresarial por la falta de respuesta de la comisión se le unen los campesinos, quienes también desean saber cuáles son los avances que tienen la comisión un año después de su creación.
Félix Espinoza, campesino de Gracias a Dios dijo que, “necesitamos que nos den un informe para saber cómo están llevando el proceso y que estemos entados de los trabajos que están haciendo”.
Los datos del Cohep resaltan que las más de 66,000 manzanas de tierra invadidas que se tienen contabilizadas han generado la perdida de unos 220,000 empleos, los departamentos donde se registran son: Atlántida, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Copán y Colón, pero el sector norte del país es el más afectado, donde el 80% de las invasiones se da en el rubro de la palma africana en Colón.
