SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El gobierno está en desventaja en la batalla ante la creciente ola de invasiones de tierras privadas que han estado destinadas a la agroindustria.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) registran hasta febrero la usurpación de más de 42,000 hectáreas (más de 60,000 manzanas). El 80% se encuentra en el departamento de Colón.
En junio de 2023, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra integrada por un fiscal especial, juez con jurisdicción nacional, director del Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de la Propiedad (IP) y otras entidades para que resuelva los conflictos agrarios, pero después de más de medio año los problemas se han intensificado.
Nelson Ponce, abogado especialistas en temas agrarios, considera que el problema se ha profundizado “por falta de aplicación de la ley y por el irrespeto al Estado de derecho”.
“El Estado no ha podido responder al sector campesino para que acceda a la estructura de la propiedad rural, a la estructura agraria, y tampoco ha respondido a los del sector empresarial agroindustrial”, señaló.
Como el Estado no ejerce la acción tutelar, no garantiza el acceso a la tierra y el respeto a la propiedad privada, aparece un tercer grupo de personas “que no son campesinos y que no son empresarios, estos son invasores de tierra que de una u otra manera responden a intereses particulares”.
Comprender y resolver este problema “no es complejo”, pues “es producto de la falta de aplicación de la ley contra personas que cometen usurpación de tierras y otros delitos, como el hurto” y los derivados de acciones violentas, dijo el abogado.
