Según los hechos probados en el juicio, el edil aprobó por unanimidad del pleno de la corporación municipal, la adquisición de un terreno con un área de 2,543.91 metros cuadrados, para la construcción de una posta policial, decidiendo comprar el inmueble a la señora Enilda Avilés, quien es la esposa del señor Solórzano, informó el Poder Judicial.
El alcalde de Humuya enfrenta una pena de tres a seis años de prisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 499 numeral 2 del Código Penal vigente.
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Asimismo, se expone pena abstracta de inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años.
“La municipalidad compró el inmueble a un precio de 500,000 lempiras; los cuales se pagaron de las arcas de la municipalidad de Humuya, lo anterior, obviando procedimientos para la adquisición de bienes inmuebles por parte de la corporación municipal de Humuya”, indica el fallo de los jueces.
En la valoración de los jueces, é habría incurrido en el delito de violación a los deberes de los funcionarios, pues Abel Solórzano Solano omitió funciones inherentes a su cargo, descritas en los artículos 30,43 de la ley de municipalidades referida; así como el artículo 15 numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado, señala la resolución.
Los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción fijaron la audiencia de individualización de pena concreta para el día viernes 6 de agosto.
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