Tegucigalpa. Autoridades de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública realizaron una inspección en un predio municipal de la alcaldía de Choloma, como parte del proceso de investigación que se sigue en contra del alcalde Leopoldo Crivelli.
Desde tempranas horas de la mañana las autoridades montaron el operativo de inspección en dos contenedores en busca de supuesta papelería de la alcaldía.
En los contenedores se hallaron fólderes, cheques y otro tipo de papelería que correspondería al período comprendido de 2008 a 2015.
Según las autoridades, estos documentos servirán para probar las irregularidades señaladas por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en contra del edil, contra quien se libró un nuevo requerimiento el pasado viernes 25 de septiembre.
Los contenedores de color gris se encuentran en un predio de la alcaldía, hasta donde llegaron miembros del Tribunal Superior de Cuentas, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía Militar y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
Trascendió que el alcalde Leopoldo Crivelli habría sido sacado por las autoridades de las instalaciones de la comuna cholomeña, según informó el regidor German Miranda.
Miranda solicitó a las autoridades definir el rumbo y el resultado de las investigaciones ya que los constantes operativos “afectan el funcionamiento normal de la alcaldía e impiden definir temas urgentes como el presupuesto para el próximo año”.
Los organismos contralores del Estado han señalado en repetidas ocasiones irregularidades en diferentes proyectos realizados por la alcaldía de Choloma, los cuales se encuentran en investigación.
El TSC ha emitido un total de tres informes que revelan irregularidades en la alcaldía de Choloma, que ascienden a los 38.2 millones de lempiras.
Contra Crivelli, el Ministerio Público anteriormente presentó cuatro causas que se encuentran a la espera del auto de apertura a juicio oral y público.
El 29 de abril de este año la Corte de Apelaciones dio luz verde al Ministerio Público para que presentara un nuevo requerimiento fiscal contra el alcalde por supuestos actos de corrupción.
En este caso se le acusaba por abuso de autoridad, uso de documentos públicos falsos y malversación de caudales públicos.
Crivelli es investigado porque en el 2010 la alcaldía contrató a la empresa Paywa S. de R. L. para desazolvar el río Choloma, pero dicha compañía no tenía los requisitos para la limpieza de las represas de consolidación de sedimento y canalización del cauce de la cuenca.
