Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras fue objeto nuevamente de una millonaria demanda por parte de una empresa de capital extranjero que desarrolló inversiones en el territorio hondureño.
La demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), antes de que el Estado de Honduras renunciara a esta organización y ronda los 300 millones de dólares.
Este nuevo arbitraje que ha sido llevado al CIADI para que sirva como de intermediador al conflicto, fue confirmado por el apoderado legal de esta compañía, Carlos Chajtur.
“No se trata de una acción nueva que o que se haya interpuesto después de la renuncia del Estado de Honduras al CIADI; esta demanda se interpuso antes de que la presidenta de la República (Xiomara Castro) renunciara a ese sistema de solución de controversias”, aclaró el profesional del derecho.
Sobre el origen de esta seria reclamación, Chajtur precisó que se “deriva del mal actuar de funcionarios del Poder Judicial en cuanto al manejo de unas acciones en contra de una sociedad vinculada a la actividad financiera, que prácticamente fue eh paralizada en su totalidad en su actividad mercantil, lo que le produjo enormes pérdidas”.
Etapa procesal
Al ser incoada la demanda ante el CIADI, el Estado de Honduras se pronunció a través de de la Procuraduría General de la República (PGR), y se espera que para el próximo haya una resolución del arbitraje de ese organismo internacional.
En relación a las repercusiones legales tras la querella, Chajtur alegó que “aquí siempre se pretende, y esto lo hace el Estado cuando a través de sus servidores públicos cometen errores que causan un perjuicio, inmediatamente le montan una campaña o en contra del abogado o en contra de la empresa demandante”.
El defensor privado no dio a conocer de qué judicatura, el cargo o quiénes fueron los empleados del Poder Judicial (PJ) que habrían producido, según él, el yerro que provocó la demanda de 300 millones de dólares.
