TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva modalidad de Fondo Departamental por 950 millones de Lempiras fue aprobada la madrugada de este jueves, denunció en su Twitter la diputada nacionalista Merary Díaz Molina.
De acuerdo a la congresista, esto es “para complacer solicitud de diputados”.
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Textualmente tuiteó: “En madrugón, Libre y alianza aprueba nueva modalidad de Fondo Departamental para complacer solicitud de diputados por L. 950 millones”.
Esta acusación nació después de que el Congreso Nacional, a las 3:56 de la madrugada de este jueves, con 74 votos a favor aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023.
“Artículo 292.- Se autoriza una asignación presupuestaria de hasta L950,000,000.00 (Novecientos Cincuenta Millones de Lempiras Exactos) para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las Comunidades, Patronatos, Asociaciones, Alcaldías, Juntas de Agua, Cajas Rurales, entre otros; así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos.
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Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito). Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa que regula el Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”, dice textualmente uno de los apartados del nuevo Presupuesto que denunció la congresistas.
Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito). Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa que regula el Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, realice las operaciones necesarias, previa solicitud de las instituciones referidas”, dice textualmente uno de los apartados del nuevo Presupuesto que denunció la congresistas.
Esto despertó mucha polémica porque a sugerencia de la diputado, este es una “nueva modalidad de Fondo Departamental”, una práctica que denunciaron como corrupta a los gobiernos anteriores.
Incluso, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró anteriormente que no volverá el fondo departamental.
“Lo que hay es una voluntad para derogar el Decreto 116 donde está creado a través de una ley el Fondo Departamental. Los rumores surgen porque se viene la elección de la Corte Suprema y ustedes van a escuchar cualquier cantidad de cosas que no son ciertas”, menciona el texto.
Sin embargo, El Fondo Departamental, fue aprobado con otro nombre: Fondos para la administración central.
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Esta forma de entrega de dinero a los diputados, una iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), nunca ha gozado de buena reputación.
Como se comprobó que el Fondo Departamental se volvió una fuente de corrupción en el Poder Legislativo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.
Hasta finales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Fondo Departamental lo manejó el presidente del Congreso Nacional, pero cuando asumió Juan Orlando Hernández, en enero de 2014, su distribución quedó a discreción del Ejecutivo.
