Con el visto bueno del presidente Porfirio Lobo Sosa, en el Congreso Nacional se desengavetará un proyecto de reforma a la Ley de Modernización Agrícola que permitirá a los grupos campesinos tener acceso a las tierras ociosas e incultas.
Lobo Sosa anunció esta semana que dicho proyecto se reactivará y que ha permanecido engavetado, pues para darle vida el Estado tiene que desembolsar entre 700 y mil millones de lempiras para financiar el pago de las tierras que sean expropiadas a favor del campesinado.
La reforma fue presentada en los primeros meses de 2011 para dar respuesta a los grupos campesinos que resultaron afectados con la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 18-2008 por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dicho decreto fue aprobado en la administración del expresidente Manuel Zelaya y el mismo regulaba la expropiación de tierras para fines de reforma agraria, por lo que al ser anulado, unos 600 grupos campesinos quedaron a la deriva legal y en cualquier momento pueden ser desalojados de los predios.
En aquel momento, el gobierno logró que los terratenientes se comprometieran a no desalojar a los campesino, pero también exigieron no más invasiones.
El problema ha resurgido a raíz de que el pasado 17 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha Campesina, unas 2,765 familias, distribuidas en ocho zonas, ocuparon 12,012 manzanas que, en gran parte, se dice son de propiedad privada, pero que los campesinos alegan son de naturaleza nacional.
Estas tomas ocurrieron en seis departamentos: Francisco Morazán, Choluteca, Intibucá, Cortés, Santa Bárbara y El Paraíso.
El diputado Marvin Ponce, proyectista de la reforma a la Ley de Modernización Agrícola, anunció hace ocho días que a aquellos terratenientes que mantengan tierras ociosas “se las vamos a quitar”.
El congresista respondió al dirigente de la Federación de Agricultores y Ganaderos, el exmilitar Agenor Navas, que lo acusó de promover desde el Congreso las invasiones.
La reforma
El diputado Marvin Ponce explicó que lo que se pretende con esta reforma es modificar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola, a efecto de que el Estado pueda disponer de todas aquellas tierras privadas improductivas u ociosas para otorgárselas a campesinos que estén dispuestos a trabajar la tierra, previó la compra de la misma a su legítimo propietario, pagos que se efectuarían al terrateniente con un 15 por ciento de contado y el resto con bonos de la deuda agraria, puestos a disposición a través de la Secretaría de Finanzas por el orden de 700 a mil millones de lempiras.
Sin embargo, también se plantea la reforma al artículo 70, el cual se refiere a que los campesinos que reciban tierras en el marco de la reforma agraria no podrán ni vender ni hipotecar las mismas, a menos que sea al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), quien está facultado para rematar las tierras en caso de falta de pago u otorgárselas preferencialmente al Instituto Nacional Agrario (INA) para que las reasigne a otro grupo campesino.
Ponce manifestó que otro de los objetivos del proyecto de ley es recuperar las tierras nacionales que están en manos de particulares, por lo que explicó que quien esté ocupando tierras estatales tendrá la opción de comprarlas o devolverlas.
Medidas sustitutivas dictan a campesinos
San Pedro Sula. Un juez decidió dar medidas sustitutivas a 116 campesinos que fueron arrestados por invadir los terrenos de siembra de caña ubicados en el Coowle, San Manuel, Cortés.
Las personas que fueron llevadas a la estación policial del barrio La Guardia, tras el desalojo de las tierras privadas, podrán esperar en libertad mientras llega el próximo 24 de mayo, fecha en que tendrán que presentarse a una audiencia inicial para enfrentar los cargos por usurpación, daños a la propiedad y delitos contra la economía.
Los invasores deberán presentarse a los juzgados sampedranos una vez por semana y además se les prohibió acercarse a los terrenos que ya han invadido en dos ocasiones.
Las compañías afectadas son Inversan (Inversiones San Manuel), que hasta ahora ha contabilizado pérdidas por dos millones de lempiras, y la Compañía Azucarera Hondureña, que ha calculado que sus finanzas han perdido seis millones de lempiras, aunque apenas comienzan a cuantificar el total de daños.
