Tegucigalpa, Honduras
El juez natural decidió anoche decretar la medida de detención judicial y ordenar la reclusión en el primer batallón de Infantería del diputado de Libertad y Refundación (Libre), José Luis Galdámez Álvarez.
La resolución se decretó a las 7:30 de la noche, en una audiencia que demoró tres horas.
El diputado permanecerá recluido en dicho recinto militar mientras se define la celebración de la audiencia inicial.
El Ministerio Público (MP) interpuso el requerimiento fiscal en contra de Galdámez por suponerlo responsable de dos delitos: a título de autor directo del homicidio simple y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.
El homicidio lo habría cometido el congresista en perjuicio del taxista Marvin Alexander Sánchez García y la tentativa de homicidio en contra del también ruletero Eduardo Flores.
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Las penas
El primer ilícito es sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión; el segundo (tentativa de homicidio) la misma pena, rebajado en un tercio, es decir de 10 a 13 años 6 meses.
La acusación se formalizó a la altura de las 10:30 de la mañana en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Casi simultáneamente, Galdámez era ingresado a la sede de la CSJ custodiado por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Militar.
Fue trasladado esposado de manos, fuera del alcance de los medios de comunicación.
Previendo la presentación de este requerimiento fiscal, el pleno de magistrados de la CSJ sesionó ayer a tempranas horas para elegir al tribunal que conocerá esta causa.
Como juez natural se nombró al magistrado German Vicente García, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Este juez conocerá la etapa preparatoria e intermedia del proceso. Asimismo, el pleno conformó el Tribunal de Apelaciones, designando a los magistrados Raúl Henríquez Interiano, Edith María López y Silvia Trinidad Santos.
Finalmente, agregó, se conformó el Tribunal de Sentencia, que será presidido por el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, conformado por Rosa de Lourdes Paz, Víctor Manuel Martínez y como suplente a Reina Sagrario Solórzano.
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Deniegan trámite expedito
El MP solicitó al juez admitir el requerimiento fiscal y seguir el procedimiento expedito de flagrancia por ser aprehendido el diputado tras la comisión del crimen, es decir, in fraganti.
El pasado 11 de diciembre inició la vigencia del decreto 74-2013, que crea el Procedimiento Expedito para los Delitos de Flagrancia.
Mediante este proceso los plazos del proceso judicial se acortan, implica que en un término no mayor de 30 días se podrá dictar a Galdámez una sentencia condenatoria o absolutoria.
Este decreto expone que si alguna de las partes interpone una apelación, el recurso deberá resolverse en un plazo de 24 horas. Mediante este proceso expedito, todos los días son hábiles.
Sin embargo, el juez resolvió denegar la solicitud del MP de evacuar el proceso expedito de flagrancia, por considerar que se incumplen requisitos.
En respuesta el MP interpuso anoche una apelación. Dicho recurso lo resolverá la Corte de Apelaciones en un término de 24 horas, contados a partir del recibo del expediente.
No hay medida sustitutiva
La acusación contra Galdámez es el primer caso que conocerá la CSJ bajo esta nueva modalidad en Tegucigalpa; en San Pedro Sula ya se han evacuado varios procedimientos.
Con base en una reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal, que define un catálogo de delitos que prohíbe aplicar medidas sustitutivas, el MP solicitó al juez dictar al diputado la medida cautelar de prisión, mientras se desarrolla el proceso judicial. A las 4:00 de la tarde se inició la audiencia de admisibilidad del requerimiento fiscal, luego solicitó a Galdámez si deseaba declarar.
En su requerimiento, los fiscales solicitaron al juez convalidar o autorizar pruebas ya practicadas, entre ellas, tomas de muestras de sangre, de orina e hisopado nasal extraídas al imputado para confirmar si estaba bajo los efectos de algún estupefaciente o bajo niveles de alcohol.
Asimismo, la de absorción atómica, para detectar partículas de pólvora en manos del diputado por disparo de arma.
También la evaluación física del imputado, ya que argumentó que sufrió lesiones por parte de los taxistas.
El requerimiento fiscal lo interpuso la fiscal de turno, María de los Ángeles Barahona.
Por el MP asistieron a la audiencia los fiscales Melvin Iván Velásquez y Ricardo Castro Barrientos.
Asimismo, participó la abogada Irma Yamileth López en su condición de acusadora privada. Taxistas informaron en Cantarranas, donde fueron sepultados los restos de Marvin Alexander, que ellos contrataron a la abogada para asegurarse que el crimen no quedará impune.
La defensa de Galdámez fue ayer representada por el abogado Marcos Zelaya. López afirmó que concurren todas las circunstancias y requisitos para evacuar esta causa bajo el procedimiento expedito de flagrancia.
“Si el juez decide que en las pruebas allegadas al juicio concurren todos los elementos del tipo penal, se estaría dictando una condena lo más pronto posible”, dijo.
Aclaró que no existe un auto acordado para enviar a un diputado a un centro de reclusión distinto de la Penitenciaría Nacional. Dijo estar segura que en la audiencia de ayer el juez decretaría la detención judicial por existir todos los elementos legitimadores, entre ellos la gravedad de los delitos.
Por su parte, la defensa basa su tesis en que Galdámez actuó en su legítimo derecho de defensa. En caso de acreditarse este extremo, el juez tendrá que dictarle un sobreseimiento definitivo.
Será un proceso justo
Por su parte, el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla garantizó ayer una investigación objetiva y un debido proceso.
“El Ministerio Público estará realizando investigaciones y ejerciendo una acción penal garantizándole a las víctimas que se busque una verdad y una respuesta de lo que sucedió”, manifestó. “Al supuesto culpable (Galdámez) garantizarle un proceso justo y transparente, que se respeten todos y cada uno de sus derechos”, agregó.
Por tanto, remarcó que el papel de los fiscales será el de actuar con responsabilidad. “Queremos decirle a la población que estén tranquilos, a los familiares, a las víctimas que claman justicia, que estamos ejerciendo nuestro papel; al imputado también garantizarle un juicio justo”, afirmó. “Nosotros no vamos a fabricar pruebas ni a ensañarnos con nadie, vamos a ser estrictamente objetivos y vamos a respetar lo que el tribunal decida”, añadió.
Las pruebas
1. Expediente investigativo
2. Declaración administrativa
3. Inspecciones oculares
4. Levantamiento cadavérico
5. Actas de decomiso
6. Antecedentes policiales
7. Registro de balística
8. Acta registro personal
