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Tegucigalpa, Honduras.- La determinación que se le ha otorgado a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, de hacer compras directas, aunque sea legal, “elimina la competencia y eleva el riesgo de corrupción”. En esos términos se pronunció el diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza Discua, a través de su red social X.
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“Esta medida refleja una preocupante falta de planificación, que podría traducirse en gastos innecesarios y adquisición de tecnología desfasada”, destacó el diputado Carranza.
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El congresista recalcó que “la promesa de transparencia queda vacía sin auditorías concretas, supervisión pública y participación de la sociedad civil”.
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“Sin estos elementos, el proceso se convierte en un cheque en blanco para la ministra y candidata de Libertad y Refundación (Libre), abriendo la puerta a un uso irresponsable de los fondos públicos”, cuestionó Ramón Carranza Discua.
Ministra de Defensa con súper poder
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El viernes reciente, el Poder Ejecutivo, mediante el Acuerdo PCM 190-2024, autorizó a la Secretaria de Defensa y precandidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada, para realizar compras directas de suministros, obras de infraestructura y consultorías dentro de las Fuerzas Armadas.
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La medida -criticada desde ya desde varios sectores- forma parte del “Plan de Solución Contra el Crimen”, aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
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La autorización otorgada a Rixi Moncada, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, permite la contratación directa de bienes y servicios especializados bajo circunstancias que exigen que las operaciones del gobierno se mantengan en secreto o requieren la adquisición urgente de insumos. Estas operaciones estarán bajo la supervisión de la Secretaría de Defensa Nacional.
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Además, la Secretaria de Defensa fue autorizada a sancionar, adjudicar y liquidar estos contratos, con el objetivo de asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos del gobierno.
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Los contratos que se celebren bajo este acuerdo estarán sujetos a auditorías y procesos de aprobación que serán comunicados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma de los acuerdos.
