Tegucigalpa, Honduras.- Abuso de autoridad, usurpación y traición a la patria son algunos de los delitos que el cuestionado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presuntamente ha cometido en sus más de mil días de gestión en el Poder Legislativo, según expertos constitucionales y la oposición política.
Desde mandar a sancionar la adhesión de Honduras a un banco internacional con la mayoría de diputados en contra hasta decidir si una moción procede o no, son las atribuciones que Redondo se ha adjudicado ilegalmente en el Congreso.
A criterio de los mismos congresistas, él ha violentado el artículo 205 de la Constitución de la República, que en síntesis establece las potestades y atribuciones que tienen los diputados en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, coinciden que ha lacerado la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su artículo 63 indica que “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por el voto de la simple mayoría de los Diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención. Ningún Diputado podrá excusarse de emitir su voto”.
Para la diputada y precandidata del Partido Liberal (PL), Maribel Espinoza, el nivel de desconocimiento de Luis Redondo es alto: “ni siquiera es abogado y es lamentable que, sin serlo, pretenda mediante cartas hacer análisis que atropellen las leyes y que, como consecuencia, cometa delitos”.
Pero, ¿cuáles son algunas de las decisiones dictatoriales que ha tomado Redondo?
Adhesión a la CAF
Una de las mayores ilegalidades, que ha cometido Redondo, es la usurpación de los 128 diputados o de su mayoría simple (65 votos) o mayoría calificada (86).
Por ejemplo, el 28 de julio de 2023, Honduras se unió a la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuya adhesión se realizó pese a que solo se obtuvieron 50 votos para su aprobación, cuando se requerían, como mínimo, 65 votos.
El día de la votación, 70 congresistas se opusieron y, aun así, Luis Redondo mandó a sancionar el decreto al Poder Ejecutivo, y una vez sancionado, se publicó en el diario oficial La Gaceta.
En ese entonces, expertos calificaron este acto como “un golpe técnico al Congreso Nacional”.
“Usurpó el poder de cada uno de los diputados, y eso sería causal suficiente para que los mismos diputados lo llamen a juicio político, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Juicio Político”, declaró el experto constitucional Oliver Erazo.
Conformación de la Comisión Permanente
Ese mismo año, pero en noviembre, Luis Redondo y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que fue instalada de forma paralela la noche del 31 de octubre, impusieron a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto.
La elección sucedió en un marco crítico, debido a que Daniel Sibrián, ante la salida de Óscar Chinchilla, asumió como fiscal general del Estado.
Al no haber consensos en ese momento para nombrar fiscales, Redondo atribuyó que “la Comisión Permanente de este Congreso Nacional, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la República, debe resolver y elegir a las autoridades interinas del Ministerio Público”.
El 1 de noviembre de 2023, con su mano derecha elevada y la otra puesta sobre la Constitución de la República, Johel Zelaya fue juramentado como fiscal interino.
Redondo justificó que se basó en el artículo 208, numeral 11 de la Constitución de la República, que otorga facultades a la Comisión Permanente para “elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
Sin embargo, de acuerdo con juristas y estudios del derecho constitucional, en el Ministerio Público no se cumple este apartado porque la titularidad era ejercida por el fiscal adjunto, Daniel Sibrián.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló declarando la constitucionalidad total del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.
Renuncia de Nasralla
La noche del 24 de abril de 2024, Redondo nuevamente ejecutó una decisión sin antes pasarla por el pleno de los 128 diputados.
Tras un análisis jurídico hecho por sus asesores, determinó no darle trámite a la renuncia del entonces designado presidencial, Salvador Nasralla.
Aseguró Redondo en un escrito que “la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla no es violatoria de la Constitución, porque la Constitución permite que él pueda renunciar y, además, él nunca ha sido designado como presidente en funciones por parte de la presidenta Xiomara Castro, por lo que tiene la vía libre para renunciar”.
Sin embargo, el analista Keneth Madrid explicó que “el artículo 205 de la Constitución le dice que él debe someter la renuncia a discusión de la cámara legislativa, de los diputados, y no es potestad del presidente del Congreso decidir si la somete o no”.
Tiempo después Nasralla cambió el motivo de su renuncia y fue aceptada por el pleno.
Moción para interpelar
Este 2024, la bancada opositora del Partido Nacional ha intentado presentar una moción para interpelar a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, por un discurso político en el que instó a cumplir con la agenda del oficialismo: aprobar la Ley de Justicia Tributaria.
No obstante, Redondo no ha concedido la palabra al PN para que presente la moción, pero él, por sí solo, en un escrito manifestó que “se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución, puesto que no se encuentra comprendido en los artículos 205, numeral 22 y 251 de la Constitución de la República, que establecen la facultad del Congreso Nacional para realizar una interpelación”.
El parlamentario aseguró que se trata de una estrategia clara para “desestabilizar el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.
Para los analistas, Redondo nuevamente está usurpando lo que los 128 diputados en conjunto deben decidir.
A través de su cuenta de X/Twitter, Tomás Zambrano, jefe de bancada del PN, alegó que Redondo es “un usurpador de la Presidencia en el CN” por incumplir su palabra con la moción presentada.
“Confiamos en que era un caballero y cumpliría su palabra empeñada frente a varios testigos para poder leer la moción exhortativa al diputado Jorge Zelaya en nombre de la bancada del PN para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto”, reprochó.
Expuesto a la cárcel
Maribel Espinoza, también diputada, explicó que tres artículos del Código Penal establecen cárcel por los presuntos delitos que ha cometido Redondo en el ejercicio de sus funciones como titular del Poder Legislativo.
Juicio político o ser interpelado
Luis Redondo también está expuesto a un juicio político o ser interpelado por el mismo Congreso Nacional.
“Es algo que se debe de dialogar con todas las bancadas, porque se necesitan 86 votos”, dijo Espinoza.
Culpan a la Ley Orgánica
El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, explicó que parte de lo que hace Redondo es porque lo faculta la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“La Ley Orgánica dice que el presidente puede conceder la palabra y el orden a quien quiera, y es lo que ha hecho el presidente en las mociones polémicas, no conceder, pero la ley lo permite”, justificó.
Aunque el abogado Erazo, es del criterio que con todo el listado de ilegalidades es oportuno “un juicio político contra Redondo y reformar la Ley Orgánica”.
