Los 11 directores departamentales de Educación separados interpusieron el miércoles un recurso de amparo para que se anule la suspensión de sus puestos porque consideran que el mecanismo para despedirlos fue irregular.
Los demandantes llegaron a la capital y luego de la presentación de la acción judicial brindaron una conferencia de prensa en la que presentaron una serie de documentos que sustentan el amparo.
Los exfuncionarios aseguran que se irrespetó el proceso de sus nombramientos, ya que ocho de ellos fueron escogidos mediante concurso que fue dirigido por una Junta Nacional de Selección Docente y el resto por medio de resolución.
El director departamental de Cortés, Gilberto Benítez, uno de los separados, indicó que 33 maestros se sometieron a concurso para optar a ese cargo del 14 de junio al 22 de agosto de 2010.
Tras efectuarse el período de evaluación se seleccionaron ocho concursantes para igual cantidad de direcciones departamentales.
Benítez mostró anuncios publicados en prensa escrita en donde la Secretaría de Educación hizo el llamado a concurso de directores departamentales.
“Llegamos a nuestros cargos por la vía legal, pasando por cada uno de los pasos que establece el Estatuto de Docente para ser nombrados como directores departamentales”, expresó.
Por ello, considera falso que no se haya efectuado el mecanismo de concurso para el nombramiento de ellos, como lo asegura el ministro de Educación, Marlon Escoto.
“Nos sometimos a tres o cuatro exámenes, recuerdo uno de 663 preguntas, se hizo la publicación de las notas y luego se hizo la juramentación de los cargos”, acotó.
La Junta de Selección que coordinó el concurso estuvo integrada por seis funcionarios de Educación, pero de los seis colegios magisteriales solo participó uno.
Según los inconformes, ellos deben de cesar en el cargo en agosto de 2013, porque sus nombramientos así lo estipulan.
Despidos
El secretario de Educación ordenó la cancelación de los nombramientos de los directores departamentales de Santa Bárbara, Atlántida, Comayagua, Cortés, El Paraíso, Islas de la Bahía, La Paz, Olancho, Yoro, Colón y Lempira.
Escoto explicó que la destitución de los servidores se hizo debido a que no participaron en concursos y que sus nombramientos fueron interinos.
El martes pasado el ministro juramentó a la Junta Nacional de Dirección Docente que se encargará de realizar el concurso para la selección de los 11 destituidos.
De igual manera, se someterán a concurso las plazas de la Dirección de Educación de Intibucá y la de Gracias a Dios, la primera por destitución y la segunda por renuncia de quien ostentaba el cargo.
El Partido Nacional acusa a Escoto de pretender ubicar en esos puestos a miembros de la resistencia y del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Los críticos de Escoto también apuntan que el concurso que inició es ilegal porque lo hace con el Estatuto del Docente y no mediante la Ley Fundamental de Educación, que estipula un mecanismo de selección para esos puestos.
De igual manera, la Ley Fundamental debe tener 33 reglamentos para ser ejecutada, incluyendo lo referente a los concursos, pero estos ordenamientos no han sido aprobados.
Trato desigual
Por su lado, el exdirector departamental de Comayagua, Geovany García Domínguez, aseguró que en el mismo concurso de selección al que ellos se sometieron también participaron los directores de Francisco Morazán, Carlos Dagoberto Rápalo, y el de Copán, Elvin Fredy Díaz, pero dos estos no fueron separados.
“Todo el proceso que ellos pasaron nosotros también lo pasamos, la diferencia es que a ellos se les hizo un acuerdo y a nosotros no”.
Mientras, la exdirectora departamental de Lempira, Norma Gladys Alvarado, manifestó que ella fue nombrada por resolución y no por concurso, pero su nombramiento establece que su puesto tiene duración de tres años.
“Los acuerdos tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, la vigencia es de fecha a fecha”, aseguró.
Con evidente enfado tildó al ministro de Educación de tener “actitudes autoritarias” contra el magisterio y de ser una especie de dictador dentro del sistema educativo.
“Estamos frente a un clon de Pinochet”, señaló, al comparar las acciones del Escoto con el exdictador chileno, Augusto Pinochet.
Abogados
El presidente del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, ofreció asistencia legal a los directores departamentales despedidos.
Como presidente de mi partido tengo la obligación y responsabilidad de defender a los simpatizantes de mi partido.
Lo que sea necesario haremos para que se respete el derecho a la defensa”, dijo.
“Voy a poner a la disposición un grupo de abogados para ello, no es justo que los despidan sin el derecho a la defensa”, agregó.
Algunos de los directores separados dijeron ser simpatizantes del Partido Nacional, pero que no tienen ninguna relación directa con los precandidatos que han salido en su defensa.
Escoto: Se está aplicando la ley
El ministro de Educación, Marlon Escoto, aseguró que no se viola la Ley Fundamental de Educación al nombrar una Junta Nacional de Selección para el nombramiento de los nuevos directores departamentales de Educación.
Indicó que, al contrario, esa norma es complementaria del Estatuto del Docente y que por ello se ponen en vigencia las dos normas para realizar ese proceso.
El Estatuto del Docente ordena nombrar una Junta de Selección para realizar el concurso y la Ley Fundamental habla de que los concursos tienen que ser en audiencias públicas, por lo que “las dos leyes se aplican”.
Reiteró que los 11 directores separados no fueron escogidos mediante concurso y que sus nombramientos eran interinos, por lo que él tiene la potestad de destituirlos cuando lo determine o cuando se llama a un proceso de concurso.
Consideró que las reacciones de dirigentes del Partido Nacional contra las separaciones muestran “influencia política en el nombramientos” .
Escoto es miembro activo de la resistencia. Durante la crisis de 2009, incluso suspendió varios meses las clases en la Universidad de Agricultura. Estudiantes y maestros llegaron a involucrarse, inclusive, en actos de vandalismo en la capital de la República.
