TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el intento de golpe al Poder Judicial, el gobierno de Estados Unidos e instituciones de derechos humanos se sumaron al listado de sectores que condenaron y manifestaron su preocupación frente a las pretensiones de violentar la precedencia en las rotaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Nos preocupa la decisión de ayer (viernes) del presidente de la Corte Suprema de Honduras de romper precedentes en la rotación de las salas Constitucional y Civil de la Corte. Instamos a la transparencia, la independencia y el cumplimiento de las normas”, escribió en su cuenta de X Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las muestras de preocupación del funcionario estadounidense fueron compartidas por las cuentas oficiales de la Embajada de Estados Unidos y la embajadora Laura Dogu.
De su lado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, señaló que “lamentamos profundamente la situación que se está dando en la Corte Suprema con esta situación de la dedocracia, creemos que el cuerpo colegiado ya tenía un orden de cómo se iban a seguir los lineamientos al interior de las diferentes salas”.
Maldonado llamó a la titular de la CSJ a respetar los lineamientos y acuerdos previamente establecidos en la normativa judicial y la carta magna.
Frente a un nuevo intento de zarpazo a la CSJ, de nueva cuenta sectores llamaron durante el fin de semana a la presidenta del Poder Judicial Rebeca Ráquel Obando a convocar al pleno de magistrados para someter a consideración de la mayoría las decisiones, además de apegarse a la Constitución y las leyes.
Pleno de magistrados
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, las decisiones de importancia donde no existan puntos de coincidencia deberán ser definidas por tres cuartas partes del pleno, es decir 12 de los 15 magistrados de la CSJ.
“Lo prudente en este caso es que la rotación se dé por orden de precedencia y si quieren cambiar el mismo, debe ser sometido a votación por el pleno y ser aprobado por no menos de 12 magistrados de la Corte Suprema”, sugirió el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
