TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional estableció que a lo largo de los últimos tres años y medio todas sus actuaciones se hicieron de acuerdo a lo que establece la ley, respetando el debido proceso y garantizando el pleno goce de sus
derechos humanos.
“Ninguna actuación se realizó fuera de las facultades que concedía el Decreto Legislativo y el Acuerdo Ejecutivo que dio vida a la Comisión Especial, y en el marco del estado de emergencia que estableció el Congreso Nacional de la República”, informó Omar Rivera, miembro de la Comisión.
De acuerdo al depurador, las decisiones se tomaron sobre la base de evaluaciones rigurosas de la idoneidad del recurso humano y mediante metodologías de alto calibre técnico que determinaban si los oficiales y agentes evaluados tenían el perfil profesional para continuar en la institución policial.
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Sin embargo, a pesar de todo esto, el que se sienta afectado puede demandar; es un derecho constitucional que tiene. No obstante, los hechos demuestran que la mayoría de demandas y recursos de amparo e inconstitucionalidad no han tenido éxito y en muchos casos han sido desestimados de inicio.
Además, más del 90% de los policías cancelados ya han recibido complacidos sus prestaciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos, como una inequívoca señal de aceptar la cancelación de sus acuerdos de nombramiento.
Desde su puesta en funcionamiento, la Comisión de Depuración ha separado de su cargo a cinco mil efectivos policiales que no aprobaron las pruebas de confianza.
