TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Secretaría del Congreso Nacional ya envió a sanción presidencial la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales.
Así lo confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta directiva del Poder Legislativo, por lo que en los próximos días el mandatario Juan Orlando Hernández la estaría sancionando para enviarla a su promulgación al diario oficial La Gaceta.
La normativa, también conocida como ley especial del Fondo Departamental, en uno de sus artículos contempla como disposición que los diputados, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) puedan hacer sus liquidaciones y justificaciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), institución que hará auditorías e investigaciones especiales a los fondos que manejen.
Mientras no se emita una resolución definitiva de parte del ente contralor del Estado, quedará en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal en relación con los fondos que se otorguen a congresistas y/o servidores públicos.
Esa disposición inhabilita en su función al Ministerio Público (MP) al tiempo que representa un nuevo blindaje promovido desde el CN. Más de 90 legisladores votaron a favor de este marco legal, que únicamente fue rechazado por las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) al igual que del Partido Innovación y Unidad (Pinu).
VEA: En libertad se defenderán implicados en caso 'Corrupción sobre ruedas'
Paralización
El titular de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), Luis Javier Santos, cuestionó que “a través de una reforma en el Congreso se pretenden paralizar más de 70 líneas de investigación que llevan en ese sentido”.
Aseveró que “hay bastantes líneas que quedarían paradas mientras el Tribunal Superior de Cuentas no disponga si hay responsabilidad o no”.
El fiscal lamentó que todo el sistema de justicia no tiene voluntad para luchar contra la corrupción. “Hace unos meses habíamos avanzado en la lucha contra la corrupción, ahora hay un retroceso porque los diputados tienen tiempo para aprobar reformas a la Ley Orgánica (del Congreso) y no tienen tiempo para la Ley de Colaboración Eficaz y reformas a la ley de secretos”, criticó.
Por su parte, la vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), Ana María Calderón, manifestó que las reformas laceran el trabajo de esa entidad internacional así como de la dependencia del MP.
ADEMÁS: Coroneles separados de las FFAA interponen recurso de amparo ante la CSJ
