TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Ministerio Público (MP) se preparan para evaluar y certificar por primera vez a más de 900 fiscales a nivel nacional.
El ente acusador ya cuenta con un riguroso Reglamento de Certificación Especial de Evaluación y Certificación de los Servidores y Funcionarios del Ministerio Público.
El Reglamento establece un sistema de aplicación de los mecanismos de evaluación de los fiscales, con la finalidad de garantizar a la población, la adopción de los procesos de certificación requeridos para fortalecer a la institución.
“En estos momentos estamos desarrollando los procedimientos operativos, el manual de sesiones de la Comisión Evaluadora, los protocolos de evaluación de los que saldrán las directivas requeridas para elaborar las matrices de evaluación”, manifestó a EL HERALDO, Daniel Sibrián, fiscal general adjunto del MP.
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La Comisión Evaluadora la integran un representante de la División de Recursos Humanos, un miembro de la Supervisión Nacional, un representante de la Escuela Orlan Chávez y dos o más delegados de la Dirección o División que será evaluada, confirmó Sibrián.
El fiscal adjunto anunció que “en los próximos días vamos a tener listos los instrumentos y anunciaremos la integración de la Comisión Evaluadora formalmente”.
El ciclo de evaluación y certificación del desempeño se desarrollará de forma general o selectiva, según lo disponga la Fiscalía General de la República.
Los procesos de evaluación conllevan las etapas de pruebas de conocimiento, que comprenderá la superación satisfactoria de los procesos de capacitación y formación a los que sean sometidos los servidores y funcionarios del Ministerio Público.
Su práctica estará a cargo de la Dirección de la Escuela de Formación del Ministerio Público Orlan Arturo Chávez y su evaluación a cargo de una comisión evaluadora.
Asimismo, contempla las pruebas de evaluación del desempeño, que consistirán en la evaluación integral del desempeño de cada fiscal, de acuerdo a la práctica de pruebas y evaluación de sus resultados, obtenidos conforme a los ámbitos de evaluación contenidos en los protocolos desarrollados por cada dirección, división, y dependencias adscritas a la Fiscalía General y estará a cargo de una comisión evaluadora.
La certificación de los fiscales también conlleva las pruebas de confianza y serán establecidas por la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza y su Reglamento.
“El servidor o funcionario del Ministerio Público que no supere satisfactoriamente las pruebas de conocimiento y pruebas de evaluación del desempeño integral indicadas, previo a aplicársele la sanción, tendrá el derecho ineludible a la defensa material y técnica; consecuentemente, se le informará y pondrá en conocimiento de sus resultados, conforme al procedimiento establecido por el reglamento”, advierte el documento.
La certificación fiscal cuenta con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, quienes serán veedores del proceso.
Oposición
Pero el proceso de certificación de los fiscales encuentra oposición en las denominadas pruebas de confianza y el polígrafo.
“En lo que nosotros nos opondríamos es en cuanto a esas pruebas que se realizan que violenten derechos individuales, tanto laborales y la parte de derechos humanos, los mismos no se podrían emplear como es el caso del polígrafo”, manifestó Karla Andino, presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH).
Andino criticó que el polígrafo “no es valido ni a nivel penal para poder decidir sobre la culpabilidad de una persona, cómo se va poder aplicar este tipo de pruebas para poder definir si una persona es idónea o no para estar en su cargo”.
Sin embargo, la AFH está a favor al proceso de certificación porque “brindan credibilidad a nuestro pueblo y ellos pueden saber que las personas que están ahí son idóneas para seguir en estos cargos, porque somos los fiscales los que defendemos sus derechos”, señaló.
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