TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El gobierno de la presidenta Xiomara Castro acordó con la Organización de Naciones Unidas (ONU) buscar los mecanismos para hacer reformas constitucionales en el ordenamiento jurídico nacional y que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) pueda realizar la acción penal pública.
En caso de conseguirlo, la CICIH podrá acusar junto al Ministerio Público (MP) y el monopolio dejará de ser parte solo de la Fiscalía.
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Esta reforma se estableció en el memorándum de entendimiento y será una tarea del Congreso Nacional, que deberá contar con el apoyo de 86 diputados puesto que las reformas constitucionales se hacen con mayoría calificada.
No obstante, gestar las reformas y que entren en vigencia se podría dar hasta el 2024, explicó Odir Fernández, experto en derecho y penal y exjefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“El Congreso Nacional tiene tareas pendientes porque no ha revisado varias leyes. Si eventualmente se proponen reformas constitucionales hay que saber que aunque se den en 2023 no es que surtirán efecto el próximo año porque el proceso de reforma constitucional es diferente a la reforma de una ley ordinaria, la Constitución debe ser ratificada en una siguiente legislatura”, dijo Fernández.
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“Si en el 2023 se da una reforma constitucional entonces debe ser ratificada en enero del 2024”, agregó.
El abogado recordó a la población que se deberá tener paciencia ya que el memorándum firmado tiene una duración de seis meses y, si no hay acuerdos para establecer el convenio, lo pueden prorrogar otros seis meses.
En los primeros meses del 2023, una comisión de la ONU llegará a Honduras y se reunirá con diversos sectores
