TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por considerarlo innecesario e improcedente, el Congreso Nacional no ampliaría el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, por lo que restan 19 días para que entre en vigencia en el país.
Así lo anunció el diputado Mario Pérez, quien preside la comisión especial que estaba volviendo a socializar este conjunto de normas con distintos sectores sociales.
“No creo que vamos a ampliarla (refiriéndose a la vacatio legis), el Código entrará en vigencia el 10 de mayo. Estar en este juego de posponer hoy por una razón, mañana por otra, no le miro ningún sentido y yo creo que debe de entrar en vigencia y debe de mejorarse todo lo que se pueda en estos días”, declaró a Radio Cadena Voces.
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El también vicepresidente del órgano unicameral informó que “lo que nos falta por hacer son algunas reformas, entendería que lo vamos a hacer en las sesiones virtuales antes de esa fecha, pero prorrogar su vigencia no le miro ninguna posibilidad”. En la reunión que sostendrán hoy los jefes de las bancadas de las principales fuerzas políticas con los directivos del CN se podría abordar este tema, adelantó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta de este poder estatal.
Rechazo
En un inicio este polémico instrumento jurídico que disminuye las penas de diversos delitos en lugar de endurecerlas iba a entrar en vigor el 10 de noviembre de 2019, sin embargo ante la presión y el rechazo social obligó a la junta directiva del Poder Legislativo a ampliar la vigencia del decreto 130-2017 contentivo de este Código por seis meses más.
El período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor es lo que se conoce como vacatio legis y si bien este término se utilizaría para una mejor capacitación de los servidores judiciales y a su vez promover otras modificaciones no ha sido así debido a la crisis generada por el Covid-19 a nivel nacional.
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Durante los últimos meses se han venido admitiendo reformas al articulado de esta legislación, entre ellas se derogó la responsabilidad penal a los dueños al igual que directores de medios de comunicación por delitos cometidos a través de las plataformas de difusión, hasta se liberó de responsabilidad a los altos oficiales de instituciones armadas, cuyos subalternos hayan cometido una violación de los derechos humanos.
Además, se aprobó una enmienda que aumenta la pena del delito de contrabando de cuatro a seis años de prisión.
Reformas pendientes
“Aprobaremos cambios en los delitos tributarios, otros en el tráfico de drogas en relación con poner un poco más fuerte las cantidades de estas sustancias y entendería que con eso hemos terminado el proceso de reforma inicial, sin perjuicio de que estando en vigencia el Código puedan hacerse otras reformas”, detalló Pérez.
A inicios del año, indicó a este rotativo que podrían sufrir cambios los ilícitos relacionados a la usura como también en materia laboral.
La despenalización de los delitos contra el honor (injuria y calumnia) ha quedado pendiente y fue un compromiso asumido entre el presidente del Congreso, Mauricio Oliva y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
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De acuerdo con la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), cuatro delitos en materia de corrupción desaparecen en el nuevo Código Penal como ser: el robo cometido por un servidor público que participe en la inscripción de vehículos, omitiendo requisitos de ley; no incluye la figura delictiva del soborno transnacional ni tampoco establece un capítulo exclusivo sobre delitos financieros nacionales con vínculos internacionales.
Aunque preserva el ilícito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, se desvanece la reclusión como castigo, señala.
En su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (Uferco), Luis Santos escribió que “el nuevo Código Penal, sin duda, beneficia a aquellas personas que cometen delitos de corrupción. A la fecha son pocos los operadores de justicia que han sido capacitados”.
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En esta cuarentena ordenada por el coronavirus se debería de estar aprovechando en una capacitación extensiva en línea para todos los funcionarios del Poder Judicial, sugirió.
De su lado, los congresistas de la oposición política sostuvieron que se debe de incrementar las sanciones para los “corruptos y traficantes”, incluyendo a todo aquel que se le impute un delito, sin beneficiar a nadie.
Algunos legisladores del Partido Liberal comparten que se requiere revisar y cambiar ciertas disposiciones de este novedoso marco legal, mientras que las autoridades de la bancada aún no han definido su postura al respecto.