Según Roa, muchos incumplimientos que señala la Superintendencia de Alianza Público Privada ( SAPP) ni siquiera están definidos en el contrato. “Vamos a revisar la resolución… También vamos a revisar los documentos de la supervisión con fundamento en los cuales dicen están los incumplimientos”, expresó Ricardo Roa.
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Explicó que analizarán cuál es el alcance de la intervención, ya que se deben 178 millones de dólares en contratos en ejecución y todo el inventario, entre ello el capital humano que son 630 empleados, así como una garantía del contrato por 10 millones de dólares.
Anunció que el equipo de abogados del consorcio colombiano está analizando cuáles son las acciones pertinentes y ante qué entidades.
Recalcó que han documentado y demostrado los incumplimientos al contrato por parte del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). También advirtió que según sea el alcance de la intervención sí se va a poner en riesgo la seguridad jurídica.
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