Ahora el siguiente paso es determinar quién medirá, cobrará la energía y reducirá las pérdidas, lo que corresponde al Comité Técnico del Fideicomiso, que está integrado por representantes del gobierno, sector privado y el banco fiduciario.
Según la cláusula 41 del contrato para la reducción de pérdidas de energía, en el caso de intervención corresponderá a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE) o a una tercera empresa prestar el servicio y ejecutar acciones para cumplir las metas.
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En la misma cláusula 41 dice que el nuevo operador del sistema de distribución “podrá designar a uno o varios interventores, utilizar al personal que el inversionista operador venía utilizando y sustituirlo”. De igual forma ocurre con los contratos y subcontratos que la EEH tenga vigentes.
Es decir que los empleados de la EEH podrían seguir laborando al igual que los servicios que prestan otras empresas, en el caso de que el nuevo operador o la ENEE lo requieran. Si se contrata a una empresa privada para asumir las funciones de la Empresa Energía Honduras, su duración será no mayor a un año.
Por otra parte, la SAPP establecerá un plazo para la duración de la intervención y de prolongarse por más de 18 meses podrá proceder a la terminación del contrato.
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La EEH solo podrá solicitar la terminación de la intervención cuando demuestre que las causas fueron solucionadas y que está en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, que en este caso sería el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas en 17% en siete años.
Los interventores de la ENEE se declaran listos para asumir las funciones de prestar el servicio y reducir las pérdidas, aunque hasta el momento se desconoce públicamente si hay operadores privados interesados en manejar el contrato.
Mientras tanto, los ejecutivos de EEH se niegan a asumir los incumplimientos señalados y anuncian que agotarán las instancias legales.
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La notificación
Las autoridades de la Superintendencia de Alianza Público Privada notificaron ayer a EEH las causales de la intervención del contrato y que tienen un plazo de 10 días para subsanar los incumplimientos, lo que es prácticamente imposible, ya que son miles de millones de dólares en perjuicio financiero a la ENEE.El presidente de la SAPP, Leo Castellón, argumentó que las acciones de ese ente regulador están basadas en el informe certificado MHI-2021-005 del supervisor del contrato Manitoba Hydro International (MHI) en que demuestra que EEH incumplió con las metas de reducción de pérdidas de energía en los años 2 y 3 del acuerdo otorgado por siete años (2016-2023).
Ante esto, la SAPP le aplicó una multa de 46 millones de dólares (más de 1,000 millones de lempiras) y ahora realiza la intervención.
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Daños e incumplimientos
Cabe recordar que la Empresa Energía Honduras fue contratada para rescatar las finanzas de la ENEE, sin embargo, ha empeorado la situación, según demuestran los estados financieros, pues se le ha pagado 630 millones de dólares (más de 15,000 millones de lempiras) solo en honorario fijo. Además, al no reducir las pérdidas se le suman 140 millones de dólares como daño financiero directo tomando en cuenta solo dos años que no redujo las pérdidas y que de continuar la EEH pueden sumar 400 millones.Todo este gasto y pérdidas se da mientras que las pérdidas, que eran de 31.95% cuando inició EEH en 2016, aumentaron a más de 34% este año, donde cada 1% significa que la ENEE tiene 14 millones de dólares anuales en pérdidas, lo que representa cerca de 11,000 millones de lempiras.
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Es decir que los hondureños han pagado por un servicio que no ha solucionado la grave crisis financiera de la ENEE, lo que impacta en la calidad de vida de las personas. Esto debido a que gran parte de los fondos de la deuda adquirida por el Estado se destinan a pagar las deudas de la estatal cuando deberían asignarse a la educación, salud o programas de reducción de la pobreza.
Por su parte, los representantes de la EEH argumentan que el Estado les adeuda 4,577 millones de lempiras, por lo que interpuso una demanda y solicita el embargo de las cuentas de la ENEE, lo que dejaría sin energía al país entero por varios meses, ya que la estatal no podría pagar a los generadores ni a sus empleados.
Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró improcedente. Representantes del sector eléctrico afirman que sí hay incumplimiento por parte del Estado, ya que en el contrato se establece un pago de alrededor de 14 millones de dólares mensuales, pero solo acreditaba 10.5 millones. En ese sentido, recomendaban un acuerdo para evitar futuras demandas para el Estado.
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