TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo enmendó el decreto que le dio vida a la polémica Secretaría de Transparencia.
Diversos sectores de la sociedad que luchan contra la corrupción, denunciaron que el decreto ejecutivo PCM 111-2020, vulneraba las facultades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Recientemente, el Ejecutivo procedió a reformar los artículos 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del decreto de creación de la Secretaría de Transparencia.
El artículo más controversial era el 9, porque de acuerdo a los expertos, laceraba y limitaba las actuaciones de los entes contralores del Estado.
En su momento las autoridades del TSC advirtieron de la existencia de dualidad y subrogación de funciones que se le atribuyen a la Secretaría de Transparencia, que constitucionalmente competen a este ente contralor y a otras instituciones e instancias del Estado.
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Inicialmente este apartado legal establecía que la nueva Secretaría de Transparencia “brindará el apoyo y coordinación que se requiera por parte del IAIP a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía”.
Además, garantizaría el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la Ley.
Lo anterior implicaba una injerencia directa en el IAIP que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía.
Pero con la enmienda, el artículo 9 del decreto señala que “la Secretaría de Transparencia, brindará el apoyo que se requiera del IAIP, los órganos de control superior e investigación; el TSC, la PGR y el Ministerio Público, a efecto de coadyuvar en garantizar el debido cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y transparencia”.
Y no solo eso, también señala que “lo establecido en este Decreto, no disminuye, tergiversa, restringe o se contrapone a lo dispuesto en leyes vigentes, en especial a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del TSC”.
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Este último punto era el que estaba en discusión en diferentes sectores de la sociedad.
“El Ejecutivo a través de esta nueva secretaría estaba tomando atribuciones que ya existen en otras instituciones y con su creación lo que se está haciendo es disminuyendo la capacidad del IAIP y relegando su trabajo y es allí donde hay un peligro al acceso a la información pública que tenemos todos los hondureños”, advirtió Saúl Bueso, representante de C-Libre.
Consejo
El artículo 10 de esta normativa refiere a la creación del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas (CNT), pero también fue modificado.
En el primer decreto, el Ejecutivo calificó al CNT como una instancia permanente de diálogo entre el gobierno, sociedad civil, el sector privado y la academia, para la efectiva conducción del proceso de formulación, implementación, seguimiento y monitoreo de la política nacional de transparencia, probidad, integridad y prevención la corrupción, bajo los principios de Estado abierto.
No obstante, en la reforma se estableció que el CNT será una instancia permanente de diálogo entre el gobierno, autoridades nacionales, municipales, órganos contralores y la sociedad civil, para fomentar la cultura de la transparencia, participación ciudadana, alta gerencia de la administración pública, simplificación administrativa y veeduría social con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Con esta enmienda se elimina el concepto de estado abierto, que promueve la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, e innovación y tecnología.
Esta reforma también expulsa del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas a la representación de la empresa privada y la academia.
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Dependencias
En la reforma del decreto de la Secretaría de Transparencia se ordenó que pasan a ser parte de ella todas las estructuras administrativas, de personal, presupuesto, bienes y materiales asignados a la Dirección General de Innovación Pública adscrita al Despacho de Gestión e Innovación Pública, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (Onadici), Transparencia y Rendición de Cuentas, Modernización, Gobierno Digital; el programa presidencial “Tu voz sí cuenta” y sus unidades.
No obstante, cada una de estas dependencias cuenta con sus propias estructuras presupuestarias y de personal.
En noviembre de 2020, el gobierno de la República anunció la creación de la Secretaría de Transparencia, cuya titular es María Andrea Matamoros.
Para ella la idea con la Secretaría de Transparencia “es prevenir la corrupción, fortalecer los controles internos dentro de cada institución, implementar el Gobierno Digital y modernizar el Estado”.
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