TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez de letras penal otorgó este martes una carta de libertad definitiva a Enrique Flores Lanza, exfuncionario del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien tenía varios procesos pendientes con la justicia hondureña.
Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados capitalinos, dijo que el fallo obedece al cumplimiento del decreto legislativo 04-2022, aprobado por el Congreso Nacional dando paso a la Ley de Amnistía a Presos Políticos.
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Flores Lanza enfrentaba acusaciones por 11 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras, pero tras el fallo, Castillo detalló que “se le extingue de toda responsabilidad penal en este expediente”.
Proceso
El pasado 4 de marzo, siempre bajo al Ley de Amnistía, el exministro Enrique Flores Lanza obtuvo una carta de libertad anterior, siendo la cuarta desde la entrada en vigencia del cuestionado decreto.
“Sobreseimiento definitivo en virtud de haberse extinguido la acción penal en la causa que le siguió por los delitos de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude. Firmado por el juez de letras penal José Isaías Romero en fecha 4 de marzo”, dice el documento.
De igual forma, el pasado 25 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dictó sobreseimiento definitivo “por extinción de la acción penal a su favor por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras”.
Cuestionamientos
La absolución de Flores Lanza ha causado rechazo en algunos sectores, que aseguran que él no debería calificar como un preso o perseguido político, sin embargo, sus correligionarios son del criterio que fue acusado por todos esos delitos en acto de persecución ejecutado desde los órganos de justicia a causa de su afiliación al gobierno de Zelaya, quien sufrió un golpe de Estado.
Ante esta situación, algunas bancadas dentro del Legislativo han solicitado la reglamentación del decreto, para definir quiénes merecen ser beneficiados con la ley, bajo nuevos parámetros.
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