TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el fallo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) procederá a notificar al Estado de Honduras y a los cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre la determinación fijada del pago de indemnización.
Durante los próximos tres a ocho meses de la notificación, el Estado y los exmagistrados destituidos ilegalmente en 2012 deberán ponerse de acuerdo para determinar la forma del pago de la indemnización que asciende a 54 millones de lempiras, de los cuales cada uno recibirá 13.5 millones.
“Se procede a notificar a las partes (exmagistrados) y el Estado, ya se da un plazo entre tres y ocho meses para llegar a un acuerdo entre las partes, quienes determinarán si se permite o no un pago diferido”, explicó el analista político y abogado penalista Raúl Pineda.
“Si se permite que pague por partes o buscan la manera de entrar en un arreglo conciliatorio; en caso de que no se llegue, se procede a la ejecución judicial con las autoridades hondureñas”, detalló.
Por su parte, el analista político José Zúniga planteó que el pago de la indemnización a los cuatro exmagistrados acarreará un impacto financiero en las arcas del Estado.
“Erogar millones de lempiras a favor de cada una de las partes demandantes es serio, estamos hablando de decenas de millones de lempiras, por sueldos dejados de percibir y obviamente también por los daños y prejuicios que esta demanda trae consigo”, comentó.
Frente al millonario pago de más de 500 mil dólares por exmagistrado, sectores demandan que el Estado a través de la Procuraduría General de la República (PGR) fije una sanción a los diputados y funcionarios involucrados en la destitución y que deberá ser ejecutada por los órganos de justicia.
“Los diputados que votaron a favor de la destitución deben pagar”, insistió el diputado de Libre, Jari Dixon.
