Tegucigalpa, Honduras
Las escuchas de llamadas telefónicas y las vigilancias realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fueron las principales pruebas aportadas por el Ministerio Público durante la audiencia inicial contra el excomisario Álvaro García, donde se le dictó auto de formal procesamiento por delitos relacionados con la extorsión.
Las evidencias fueron valoradas por un juez de los juzgados con jurisdicción nacional que dictó la misma medida contra el alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Neftaly Romero, y otros 10 imputados.
Estas acciones judiciales se derivan de la Operación Avalancha que las autoridades lanzaron la semana pasada para golpear a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13) que cobran el “impuesto de guerra”.
Le pedían favores
Fuentes ligadas al caso revelaron a EL HERALDO que durante las vigilancias realizadas García, exjefe de la Unidad contra Maras y Pandillas (2010-2012), de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se constató que sostuvo varias reuniones en San Pedro Sula, Cortés, con personas ligadas a la mara MS-13.
“La Fiscalía hizo varias vigilancias de personas que se reunieron con él y las siguió hasta San Pedro Sula y allá eran enlaces directos de la MS”, confió la fuente.
Con relación a las llamadas interceptadas, dijo que algunas eran con personas que le pedían que contactos de él en la Policía Nacional les hicieran favores.
“Hubo algunas que eran con personas ligadas a la mara y eso fue contundente para el juez”.
Sin revelar detalles del contenido, dijo que “esas conversaciones no dejaron duda de la relación que tiene con la mara”.
Al consultarle sobre los antecedentes de García cuando fue jefe en la DNIC, aseguró que “él se destacó por ser una persona muy profesional, amable y respetuosa, pero hubo acciones a nivel operativo en las cuales puso en duda su compromiso con la institución de la que formaba parte”.
La fuente reveló que las investigaciones en contra del exoficial continúan, así como de personas allegadas a él que podrían haberse prestado a lavar dinero obtenido con actividades criminales.
Al exoficial se le dictó auto de formal procesamiento por portación ilegal de armas de uso comercial, empleo indebido de uniformes e insignias policiales y lavado de activos, delitos que le imputó el Ministerio Público.
Inicialmente solo se le había procesado por asociación ilícita.
García fue detenido el martes de la semana pasada en su casa en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, donde se le encontraron armas y 600 mil lempiras, entre otras evidencias.
La audiencia inicial comenzó el domingo a las 10:00 AM y finalizó ayer a las 6:00 AM en el Fuerte General Cabañas, en el sector de El Ocotal, Francisco Morazán.
El exoficial fue enviado a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara Francisco Morazán, donde permanece en un módulo de máxima seguridad para evitar que sea víctima de cualquier atentado.
Es inocente
Por su parte, Lenín Castañeda, apoderado legal de Álvaro García, negó que su cliente tenga vinculaciones con la MS-13 y lo describió como una persona trabajadora que junto a su esposa ha logrado establecer varios negocios en la capital.
Aseguró que la pareja ha solicitado varios préstamos para poder crear su patrimonio financiero. Respecto al dinero encontrado en la casa del exoficial, aseguró que es producto de un préstamo que solicitaron hace unos días porque la esposa de García necesita viajar a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico, ya que padece lupus.
Criticó que las acusaciones de la Fiscalía sean basadas en “supuestos”, ya que en las llamadas telefónicas no se identifica cuál de las personas estaría ligada a la organización criminal.
Desconsuelo
Mientras, pobladores de Talanga que llegaron a apoyar al edil Romero rompieron en llanto al ver el vehículo que lo transportaba del Fuerte General Cabañas al Primer Batallón de Infantería, luego de que se le dictara auto de formal procesamiento por asociación ilícita.
Los seguidores del munícipe llegaron el domingo a la instalación militar para pedir, con oraciones y cánticos, por la liberación de este.
A otros imputados, como René Archaga, Denis Paguada, José Montúfar y César Molina se les mantuvo el delito de asociación ilícita y también fueron enviados a la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto.
Mientras que a la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula fueron enviados Ronal Gavarrete, acusado por asociación ilícita y los asesinatos de José Castro, Kennyel Rodas y Saddy Argueta.
También fue remitido a ese centro penal Jorge Velásquez, acusado por asociación ilícita. Mientras que Johana Ochoa y Gloria Membreño fueron acusadas por asociación ilícita y lavado de activos. Por este último delito también se acusó a María García y por ello se les remitió al reclusorio sampedrano.
En la audiencia el juez resolvió, además, enviar a las celdas del centro de detención del Primer Batallón de Infantería a Alexander Mendoza, acusado por los delitos de asociación ilícita y asesinato en perjuicio de German García, José Cruz, Jonathan Cruz, Patrick Cruz, Franklin Ordóñez, Juan Castro, Nelson Hernández, José Ramos y José Durán.
Otro de los recluidos en esa instalación militar es Jairo Anwar Orellana, acusado por asociación ilícita y asesinato en perjuicio de José Castro, Kennyel Rodas, Saddy Argueta, German Garcia, José Cruz, Jonathan Cruz, Patrick Cruz, Franklin Ordóñez, Juan Castro, Nelson Hernández y José Ramos.
Al inicio del proceso judicial, el Ministerio Público acusó a Alexander Mendoza y Jairo Orellana por el secuestro de Kellen Ariel García Maradiga, delito por el cual recibieron sobreseimiento definitivo.
La operación
Por su parte, Julián Pacheco, ministro de Seguridad, confirmó que las intervenciones telefónicas, labores de seguimiento y declaraciones de pandilleros fueron claves para que la Operación Avalancha lograra la incautación de bienes de miembros de la Mara Salvatrucha que cobraban extorsiones y para que se capturara a varios de sus cabecillas.
“Hay de todo, también hay investigaciones de fuentes humanas, informes de fuentes humanas, vigilancia hasta dentro de las mismas estructuras criminales”, dijo el funcionario. La investigación para realizar la operación a nivel nacional también fue producto de las vigilancias de entregas controladas de dinero producto de la extorsión, reuniones de los mareros cuando planificaban muertes y el pago para asesinar a personas que se negaron a dar el “impuesto de guerra”. La documentación obtenida en este rastreo de datos ha servido para preparar requerimientos fiscales en contra de los mareros y sus compinches.
En la primera fase de la Operación Avalancha se presentaron requerimientos contra 15 personas, incluyendo al alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Jorge Neptaly Romero, y el exsubcomisario Álvaro García. Más detalles del operativo no se pueden revelar porque las investigaciones continúan para asestar más golpes a esta organización criminal, explicó Pacheco. En esta ofensiva contra los mareros se contó con la colaboración de expertos en lavado de activos de Estados Unidos que investigaron las operaciones de blanqueo que hicieron los pandilleros en esa nación. EL HERALDO conoció que Estados Unidos entrenó a un equipo élite de la Policía Nacional en pesquisas de blanqueo de capitales
