TEGUCIGALPA, HONDURAS
La justicia de Estados Unidos acusó ayer de narcotraficantes a cuatro hondureños, entre ellos dos personajes ligados a la vida política del país.
La Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía de Manhattan anunciaron ayer los cargos en una Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos.
El primero es el exdiputado del Partido Liberal por Colón, Midence Oquely Martínez, pariente del clan de la familia Rivera Maradiaga, más conocido como Los Cachiros.
“Martínez Turcios era miembro de una violenta organización hondureña de tráfico de drogas conocida como Los Cachiros. Entre aproximadamente 2004 y alrededor de 2014, Martínez recibió más de un millón de dólares en sobornos y otros pagos de los líderes de Los Cachiros que solían, entre otras cosas, enriquecerse y financiar sus actividades de campaña y política”, indica un comunicado de prensa de la DEA.
Es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras.
“Martínez ayudó a dar apariencia de legitimidad a los líderes de Los Cachiros en virtud de su posición política y autoridad, y actuando a veces como propietario nominal parcial de una de las compañías de fachada de lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R. L. de C.V., Martínez Turcios también brindó apoyo directo para actividades violentas de narcotráfico por parte de Los Cachiros”, indica la acusación.
El hondureño, de 57 años, está acusado de tres cargos y de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena de cadena perpetua.
El primer cargo es por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, el segundo por usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y con ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la cocaína, y el tercero conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de cocaína.
La acusación indica que si es declarado culpable, Martínez Turcios enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión y un máximo de cadena perpetua en el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y un máximo de cadena perpetua en la segunda acusación y un plazo máximo de 20 años de prisión en el tercer cargo.
La justicia de Estados Unidos espera que el exparlamentario por el departamento de Colón sea extraditado a Nueva York para ser sometido a juicio en una Corte Federal.
En Honduras, el excongresista fue mencionado en una investigación del Ministerio Público porque presuntamente fue el representante legal en varias empresas de Los Cachiros.
Además: Los lujosos bienes asegurados a Los Cachiros
Otros acusados
El segundo acusado por la justicia de Estados Unidos es el exalcalde del municipio de Yoro, Yoro, Arnaldo Urbina Soto, encontrado culpable el año pasado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía hondureña. Actualmente, él se encuentra guardando prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro, esperando que los jueces le impongan una pena concreta.
Esta sentencia es el obstáculo que la justicia estadounidense tiene para llevarse extraditado a Arnaldo Urbina.
El auto acordado vigente entre ambos países establece que ningún hondureño será extraditado mientras no cumpla alguna condena que tenga pendiente en Honduras.
El exedil enfrenta un pena de entre 15 y 20 años de prisión por lavado de activos.
Urbina Soto, además, es requerido por el Ministerio Público en el denominado caso Pandora y también, existe un auto de formal procesamiento en su contra por los delitos de abuso de autoridad de hechos suscitados cuando fungió como alcalde de Yoro, entre 2010 y 2014.
Además del exalcalde se encuentran señalados por narcotráfico sus hermanos Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, este último fue absuelto el año anterior del delito de lavado de activos por la justicia hondureña.
Mientras que de Carlos Fernando se sabe que tiene una orden de captura pendiente en su contra por los presuntos delitos de asesinato, lavado de activos y narcotráfico, emitida en 2014 por las autoridades hondureñas.
A él muy poco se le conoce, al grado que ha pasado los últimos cuatro años escondido porque la justicia le sigue los pasos para capturarlo.
“En una acusación separada, entre aproximadamente 2005 y alrededor de 2014, Arnaldo, de 37 años; Carlos Fernando, de 44 años, y Miguel Ángel Urbina Soto, de 39 años, operaron una organización de narcotráfico con sede en Yoro, Honduras, donde Arnaldo Urbina Soto actuó como alcalde entre 2009 y 2014 o aproximadamente 2014”, establece el documento.
Los acusados de Urbina Soto capitalizaron su poder en el departamento de Yoro y se alinearon con otros sindicatos criminales hondureños importantes como Los Cachiros y el grupo con sede en Copán dirigido por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en las vías públicas en las cercanías de Yoro, señala la acusación.
Los hermanos Urbina Soto coordinaron detalles de seguridad y en ocasiones se unieron personalmente, fuertemente armados, para supervisar la descarga de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos, asegura la misiva.
Los tres hermanos son acusados de los mismos delitos que Martínez Turcios y de ser encontrados culpables enfrentarían una pena máxima de cadena perpetua.
De interés: Listado de las personas asesinadas por los Los Cachiros
 |
Ligados al Cartel de Sinaloa
Desde al menos 2004 hasta el año 2014 inclusive, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de Martínez Turcios, los hermanos Urbina Soto y otros se confabularon para recibir cientos de kilogramos de cocaína enviadas a Honduras a través de rutas aéreas y marítimas desde Venezuela y Colombia.
Los envíos de cocaína fueron transportados desde Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente importados a Estados Unidos, a menudo en coordinación con miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa de México.
“La DEA y nuestros socios continúan exponiendo la corrupción relacionada con las drogas en todo el mundo, lo que alimenta la violencia y la insurgencia al mismo tiempo que revoca el estado de derecho”, dijo Raymond P. Donovan, agente especial de DEA de la División de Operaciones Especiales.
“Estos funcionarios electos hondureños y sus asociados supuestamente conspiraron con el Cartel de Sinaloa e inundaron a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de veneno mortal. La DEA espera su extradición a los Estados Unidos para enfrentar la justicia estadounidense y responder por sus muchos crímenes”, manifestó Donovan.
De su parte, el fiscal general de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo que “como se alega, estos acusados incluyen a un congresista hondureño y un exalcalde hondureño. Los acusados políticamente conectados en Honduras, que supuestamente trabajan en alianza con carteles de la droga violentos, son una receta para causar daños aquí en Estados Unidos. Estamos comprometidos a trabajar con la DEA para controlar y enjuiciar tales conductas”.
De acuerdo a la acusación, los cuatro acusados tuvieron conocimiento de que los cientos kilogramos de drogas serían importadas a territorio de Estados Unidos en diez años.
El exalcalde y el exdiputado fueron mencionados por el cabecilla de los Cachiros como partes de su estructura criminal mientras se desarrollaba el juicio del Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, sentenciado a 24 años de prisión en Nueva York.
Le puede interesar: ¿Quiénes son Los Cachiros y cómo forjaron su imperio?
