Tegucigalpa, Honduras
Exfuncionarios imputados por enriquecimiento y malversación de caudales públicos como Marcelo Chimirri, Mario Zelaya, José Bertetty, Ada Muñoz o incluso Rosa Bonilla de Lobo recuperarían sus bienes que fueron incautados por el Estado, en caso de que se aprueben las reformas por adición a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Además, los imputados podrían, incluso, demandar al Estado por daños y perjuicios, en caso de que sus propiedades hayan sido vendidas.
Al menos 1,433 bienes inmuebles tiene registrados la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) a enero de este año, de los cuales 767 corresponden a casas.
La enmienda plantea que cuando a los funcionarios se les investigue por malversación de caudales se les prive solo de los bienes obtenidos a través de los caudales malversados y a partir de la fecha en que tomaron posesión del cargo, conforme al monto de lo malversado y mediante sentencia firme y condenatoria.
“En ningún caso mientras dura el proceso se declarará la incautación, comiso o decomiso del bien inmueble”, subraya la iniciativa que fue presentada en el Congreso Nacional por el diputado del partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), Denis Castro Bobadilla.
Aunque expertos en ciencias jurídicas y materia penal han coincidido que esta normativa, vigente desde el 2010, debe ser reformada, políticos y representantes de distintos sectores sociales consideran que con este proyecto se busca proteger a funcionarios corruptos.
Artificio
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un comunicado de cinco puntos en el que cuestiona esta pretensión a la que tildan como artificio.
“Este proyecto tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos les está exigiendo la compensación de favores, como recompensa de su apoyo”, resalta el documento.
El tercer numeral señala que este proyecto es una muestra de conflicto de interés ejecutado por el diputado proyectista.
El CNA detalla que Castro Bobadilla fungió como gerente de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, la que fue asegurada en 2013 y su sobrino (Chimirri) que fue socio de la misma está bajo prisión preventiva por enfrentar procesos penales.
“La actual ley no presenta ninguna razón para ser reformada o considerarla inconstitucional, sino que el problema radica en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma de una manera objetiva y correcta, sino que de forma desproporcional”, enfatiza el comunicado.
Dictamen y socialización
La comisión legislativa de seguridad y no una especial, como se había anunciado en un principio, será la que dictaminará esta iniciativa que consta de cuatro artículos.
“Voy a convocar a los compañeros integrantes de esta comisión para que calendaricemos una ruta de trabajo”, informó el congresista del Partido Nacional, Mario Pérez, quien preside esta comitiva.
Agregó que “esto no se va a hacer a matacaballo, no es que la otra semana la vamos a discutir y a aprobar”. El también jefe de bancada del PN anunció que se socializará el proyecto con fiscales, jueces de privación de dominio, personeros de la OABI, abogados, entre otros sectores, para poder instalar una mesa de trabajo con la que se elaborare su respectivo dictamen.
La admisión de estas enmiendas al instrumento jurídico tan solo requieren 65 votos a favor, es decir, mayoría simple, de los cuales los nacionalistas tienen dos sufragios más al contabilizar el apoyo que les darán los legisladores de los partidos minoritarios que son sus aliados en el CN.
