TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 24 de noviembre de 2022 en Casa de Gobierno, la presidenta Xiomara Castro le declaró la guerra al flagelo de la extorsión y afirmó que iba a eliminar el ilícito, mismo que golpea fuertemente a transportistas, empresarios y emprendedores.
Han pasado casi nueve meses desde el anuncio y las bandas criminales siguen recibiendo el dinero que cobran con violencia e intimidación, por lo que los resultados del plan impulsado por el Poder Ejecutivo son pobres.
Aunque Jorge Lanza, uno de los más fuertes dirigentes del rubro, reconoció que la intervención en las cárceles erradicó las llamadas que recibían para cobrarle, pero el flagelo sigue vigente.
“Lo que bajó es que ya no nos están llamando desde las cárceles, no nos mandan teléfonos ni nos están asesinando conductores últimamente. Lo que pasa es que seguimos pagando el mismo dinero que hemos venido pagando por muchos años a esta misma gente”.
Al año el sector transporte paga alrededor de 250 millones de lempiras por extorsión.
Lanza aceptó que en las últimas semanas no se han dado asesinatos de transportistas, pero en el año han registrado la pérdida de unos 48 compañeros por no pagar el impuesto de guerra.
“Seguimos pagando la misma cantidad de dinero y con la tarifa que nos pusieron hace año, lo que sí es que desde que inició la intervención ya no nos llaman”, acotó.
Asimismo, el dirigente aseguró que “lo único que se hace es enviarles el dinero y la misma autoridad sabe dónde se deja ese dinero”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, destacó que en solo un año de gestión, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha detenido a 1,400 personas que forman parte de bandas que extorsionan.
“La extorsión no va a bajar, ya bajó. Es poco tiempo para medir y decirlo, pero sabemos que ha disminuido ante las operaciones de intervención”, puntualizó.
Mientras el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda, adelantó que habrá multas a compañías telefónicas que no ayuden en el plan antiextorsión; además reconoció que el Congreso debe aprobar una normativa que fue enviada para coadyuvar en la lucha contra el delito.
“No se ha creado el sistema de identificación para la venta de chips y por eso aplicarán multas que rondan los 10 y 15 millones de lempiras. Pedimos a las compañías de telefonía que procedan a adquirir el equipo que realmente pueda bloquear la comunicación desde los centros penales también”, declaró el funcionario.
Diversos estudios detallan que $737 millones se recaudan al año en el país por extorsión, equivalente a 18,270 millones de lempiras, el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
