TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El decreto que da independencia de actuación a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) está lleno de buenas intenciones, pero lejos de impulsar una lucha clara y precisa contra la corrupción crea un conflicto de legalidad, un riesgo de que prevalezca la impunidad y una crisis al interior del Ministerio Público.
Distintos profesionales del derecho coinciden en que la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras es un desafío titánico, pero que no es violentando las leyes existentes como se le debe atacar.
Para ellos, el caso del Ministerio Público, la Uferco y la demanda de resultados no pasa por atropellar la legalidad, sino por colocar como fiscal general y adjunto a personas íntegras comprometidas con la sociedad y la justicia; mientras esto no ocurra, la situación seguirá igual o peor.
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Según el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado -quien hace 29 años redactó el artículo que elevó al Ministerio Público a la categoría de figura constitucional-, el decreto que aprobó recientemente el Legislativo dando independencia de acusación a la Uferco “es más un problema de orden administrativo y de orden legal”.
“No creo que sea un tema de violación a la Constitución, simple y sencillamente es un problema político administrativo”, no obstante, este decreto desnaturaliza totalmente la estructura del Ministerio Público que se basa en el principio de unidad de actuaciones donde el fiscal tiene la exclusividad en el ejercicio de la acción penal y el principio de subordinación. Cuando estos se violentan “se está prácticamente creando un órgano que no es Ministerio Público en ninguna parte del mundo”, explicó.
Para no caer en dilemas o ilegalidades en la lucha contra la corrupción, el Congreso Nacional bien pudo interpelar al fiscal general pidiéndole explicación de por qué mantienen engavetados o retenidos ciertos expedientes, o por qué la fiscalía encubre actos de corrupción cometidos por determinadas personas del gobierno anterior.
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Con un voto de censura administrativo que improbara su conducta, al fiscal no le hubiera quedado otra alternativa de permitir que la Uferco hiciera su trabajo, “pero de eso a crear dos ministerios públicos, se está violentando no solamente la Ley del Ministerio Público, sino todo el acervo doctrinario de lo que son los Ministerios Públicos”, detalló.
Que el fiscal general trabe las acciones de la Uferco, contrario a las operaciones de las otras fiscalías, es un problema de orden operativo administrativo que amerita la intervención del Congreso.
Por otro lado, darle facultades limitadas a la Uferco, hasta que pongan un fiscal sintonizado con el nuevo gobierno, “luego decir que ya no la ocupan, eso no es correcto”.
Si quieren que el fiscal general haga bien su trabajo en el combate de la corrupción deben seguir la línea adecuada, “interpelándolo, censurándole su conducta administrativa, esa es la única forma en la que pueden intervenir los diputados y ejercer presión sobre él para que se vaya o derivar esto en un juicio político por incapacidad”, sostuvo Pineda Alvarado.
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Riesgo
Mientras tanto el abogado y criminalista Gonzalo Sánchez es del criterio que “la acción del Legislativo tiene buenas intenciones, se está buscando una salida alterna para que un ente como la Uferco, totalmente independiente y apolítica, presente los requerimientos que no quiso interponer el Ministerio Público, desde mi óptica es bueno, el problema es que es inconstitucional”.
Para él, la determinación del Congreso tiene sus riesgos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, primero porque las personas acusadas y encarceladas mediante las facultades otorgadas a la Uferco, podrían quedar rápidamente en libertad si la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el decreto.
Sobre este aspecto, Pineda Alvarado sostuvo: “Las actuaciones quedarían en la absoluta nulidad, no tendrían ningún efecto jurídico y el Estado se expondría a una demanda de resarcimiento por los daños materiales y morales”.
Sin aludir directamente al tema, pero en este contexto, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su homilía dominical expresó: “Ojalá que nuestros legisladores escuchen este mensaje, el consenso es necesario, la armonía es necesaria, el ponerse de acuerdo es necesario, el diálogo es necesario, pero buscando la verdad y el bien”.
No se debe buscar “simplemente que haya votos y que haya consenso, aunque se atropelle la vida y los valores morales”, manifestó.
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