Tratado de extradición
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y designada por la presidenta Xiomara Castro para liderar la intervención en las cárceles, presentó su plan de trabajo para recuperar la gobernabilidad en los centros penales.
La funcionaria mediante una presentación dio a conocer las medidas que se aplicarán encabezando dichas medidas por 10 puntos.
Como primera medida, Villanueva aseveró que se efectuará un desarme general en las cárceles donde habrá registros manuales y electrónicos. “Les estoy anunciando que haremos un desarme general y quizás los reos escondan las armas, pero las vamos a encontrar”, detalló.
El segundo punto irá enfocado en el bloqueo total de la señal telefónica e intervención de líneas oficiales que tienen las autoridades, mientras que el tercer punto abordará una remoción y depuración del personal penitenciario y policial. “Habrá una evaluación de los directores iniciando en Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir”, agregó Villanueva.
Se instalará también tecnología con control central en un determinado punto, por lo que todas las cárceles serán monitoreadas desde un solo lugar, reza el plan.
Asimismo habrá un traslado y reubicación de privados de libertad y su clasificación, además de la reclasificación y aislamiento de reos.
El punto siete implica la revisión de expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales mientras la octava medida enmarcará en las pruebas de confianza al recurso humano policial y civil.
Finalmente, se aumentará el número de agentes penitenciarios y se creará un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de sus identidades.
Aquí el comunicado íntegro:
Solución Contra el Crimen (SCC)
Sistema Penitenciario
Las estructuras criminales organizadas en Honduras operan a nivel nacional, causando daños irreparables a la sociedad, asociadas con delitos contra la vida, la propiedad, narcotráfico, lavado de activos, entre otros. Las cárceles, especialmente durante esta última década; han sido un refugio y una escuela del crimen, para extorsionar, ejecutar masacres, y traficar con drogas y armas. Más de 19 mil presos se concentran en los 25 centros penitenciarios del país.
Con el programa solución contra el crimen, aprobado por el consejo de defensa y seguridad que preside la presidenta Xiomara Castro, nos hemos propuesto desmontar estas estructuras criminales hasta reducir a cero sus acciones delictivas, ejecutando en esta primera etapa de emergencia, con la intervención de los centros penitenciarios; las medidas siguientes:
1) Desarme real a través de registros manuales y electrónicos, permanentes en el 100% de las instalaciones físicas.
2) Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
3) Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir.
4) Instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, con control central las 24 horas del día.
5) Traslados y reubicación de los privados de libertad de los cuatro (4) centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
Iniciaremos con el centro penitenciario de Támara en el departamento de Francisco Morazán; El Pozo en Ilama, departamento de Santa Bárbara; La Tolva en Morocelí, departamento de El Paraíso y la cárcel de Siria, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
6) Reclasificar y aislar los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
7) Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones, y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores.
8) Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integra las cárceles.
9) Aumentar el número de los agentes penitenciarios y policiales, dotarles de equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y la revisión y ajuste salarial.
10) Crear el banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
Tegucigalpa, MDC, 18 de abril de 2023
