TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aumento a la tarifa en los peajes que se había anunciado por parte de la Concesionaria Vial (Covi) sobre la carretera CA-5 y que fue desestimado por la presidenta Xiomara Castro, ya no se hará efectivo. Al menos por ahora, pues este miércoles, tras una reunión entre las partes, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) propuso a la empresa ecuatoriana un acuerdo de revisión.
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Así lo anunció Mauricio Ramos, titular de esta institución del Estado, quien dijo en conferencia de prensa que tras la deliberación, la SIT, en su posición de concedente de la concesión, planteó la creación de una comisión que se encargará de hacer una auditoría que permita llegar a acuerdos sobre el futuro de los peajes en el país.
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La comisión encargada de revisar los convenios que se han suscrito entre Covi y el Estado hondureño deberá ser integrada por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Servicio de Administración de Rentas y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas.
Origen del conflicto
Y es que el domingo 15 de enero, mientras Covi ya cobraba un aumento de 1 a 47 lempiras en las tarifas por transitar por la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona norte del país y sobre la cual opera el ente extranjero desde 2011, la presidenta Xiomara Castro frenó la medida, pues entre las promesas para su gestión están la cancelación de concesiones y el no aumento a las tarifas en las casetas de peaje.
A través de Twitter ordenó que se cancelara el cobro y aseguró que “el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional”.
De igual forma, otros funcionarios del actual gobierno señalaron a Covi de incumplimiento en el contrato, lo que desencadenó la necesidad de hacer una reunión y acordar junto a la SIT las medidas a tomar, pues por otro lado, el gobierno debe cumplir con los compromisos económicos que se tienen con la concesionaria vial.
¿Qué analizará la comisión de auditoría?
Según lo comunicado por la SIT, de llegar a pactarse la conformación de la comitiva por las distintas instituciones antes mencionadas, tendrá la tarea de realizar una auditoría técnica y en los niveles de servicio, una auditoría fiscal y una legal, que permitan tomar las mejores decisiones en cuanto a la continuidad del convenio o la transformación de los acuerdos.
Según sostuvo Mauricio Ramos, la propuesta para la creación de la junta auditora está enmarcada en la cláusula 18.12 del mismo contrato de concesión, la cual establece que “todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del contrato o caducidad de la concesión, sean resueltos, en la medida de lo posible, mediante arreglo directo entre las partes”.
Sin embargo, el funcionario no fue claro al responder si Covi aceptó que se haga la auditoría o si presentó una contrapropuesta, únicamente mencionó que sus representantes han dicho que se sienten “fuertemente afectados” con la ordenanza de Castro de no aplicar el aumento a la tarifa y los señalamientos de incumplimiento contractual.
Finalmente, Ramos reiteró lo expuesto por la presidenta en su tuit, pues aseguró que el gobierno está en la disposición de “cumplir con las deudas legales heredadas” por las anteriores administraciones, como el caso de la concesión de los tramos carreteros de Tegucigalpa, La Barca, el Corredor Seco, San Pedro Sula y Puerto Cortés a Covi Honduras.
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