TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno continúa sin hacer público y sin tener un estudio claro sobre el costo de construcción y operación de la cárcel en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño.
El proyecto implica la movilización de personal a la isla para construir la cárcel junto a su alimentación y el montaje de un campamento, algo que será costeado por el Estado de Honduras a la empresa ganadora de la licitación.
A su vez, se planea tener paneles de energía solar y una planta de tratamiento de residuos sólidos, que también será costeada por el Estado.
El viceministro de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Roberto Carlos Ramírez, dijo a EL HERALDO que aún no tienen ningún indicio de cuántos millones deberán transferir para las obras.
“Se está en la etapa de preinversión y esto significa que se realizan proyectos de factibilidad junto a los ambientales. Todo esto lleva una etapa previa donde una empresa debe detallar todos estos costos y posteriormente nosotros buscaremos los fondos para poder financiarla”, dijo.
En tanto, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, se cuestionó sobre la cárcel y supuso que ya existen todos los estudios.
“El proyecto que carece del respectivo estudio de factibilidad está condenado al fracaso. Suponemos que en el proyecto de la cárcel en Islas del Cisne existe el estudio que acredita científica y técnicamente su factibilidad ambiental; diseño y sostenimiento, entre otros”, puntualizó Orellana.
El abogado Waldo Rivera, coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comentó que “en el gobierno contestan el porqué hacer la cárcel en el Cisne; lo que no contestan es cómo y cuánto costará la producción de agua, la energía eléctrica, alimento de presos y guardias, hospital y medicinas”.
De su lado, el ingeniero ambiental René Soto proyectó que “el mantenimiento operativo de la cárcel si se llega a construir será de al menos 3,000 millones de lempiras al año para el agua, energía, asistencia médica y todo lo que concierne a los derechos humanos en una cárcel”.
Recién, el ministro de Defensa, José Zelaya, dijo que “la construcción de la granja penal en Islas del Cisne va sin importar el costo”, pero sin decir cuánto le costará ese proyecto a las finanzas públicas.
