TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la insistencia del gobierno en construir una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (Fecopruh) se unió al rechazo de que se edifique esta obra.
A través de un comunicado, la federación conformada por diferentes gremios de distintas profesiones como ingenieros forestales, biólogos, médicos veterinarios, microbiólogos, entre otros, expresaron que el proyecto representa una amenaza para la biodiversidad.
“La construcción pone en peligro especies únicas y ecosistemas críticos en Islas del Cisne, la única área oceánica del Sistema Nacional de Áreas protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH)”, señaló.
Por otro lado, indicó que el gasto que implicaría el megaproyecto no solo perjudicaría la economía del país, sino también en el abastecimiento de recursos vitales como el agua potable.
De igual, resaltó los efectos que podrá traer por la polución. “La contaminación resultante afectará directamente a las comunidades costeras que dependen del turismo y la pesca”, agregó el Fecopruh.
También, destacó que una penitenciaría construida en esta zona elevaría los niveles de estrés y conflicto en la comunidad responsable de su administración, “creando un ambiente hostil y peligroso para todos los involucrados, posibles amotinamientos”.
Por su parte, el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) mantiene su postura en contra de este proyecto, argumentando el impacto que tendrá en el medio ambiente.
“Al construir una cárcel en un lugar tan alejado de tierra firme, que está rodeado de naturaleza, arrecifes coralinos, bosques, ecosistemas en la isla. Al construir este megaproyecto, obviamente va a tener sus implicaciones ambientales graves sobre los ecosistemas que rodean y forman parte de este archipiélago”, manifestó Iliam Rivera, presidenta del CBH.
La semana pasada, el megaproyecto recibió la aprobación de la licencia ambiental para ejecutar la primera fase de la construcción.
Pese a que Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), afirmara que el archpiélago ubicado en el caribe del país no fue declarada una área protegida, la legislación contradice la declaración de Medina.
Según el decreto legislativo 128-94, publicado el 17 de octubre de 1994, Islas del Cisne fue declarado como protegida.
Además, cabe resaltar que en 1991 mediante el acuerdo 3056-91 este archipiélago con una superficie de unos ocho kilómetros cuadrados fue declarado como parque nacional.
Dicho acuerdo enfatiza que esta zona posee un ecosistema frágil y delicado, hogar de especies endémicas y migratorias.
La iniciativa de construir un centro penitenciario en este sitio que se encuentra a 250 kilómetros de distancia de tierra firme surgió a raíz de la masacre perpetuada contra 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Asistencia Social (PNFAS).
El proyecto busca reubicar en este centro carcelario unos 2 mil reos de alta peligrosidad que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados.
