TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una exadministradora de Casa Presidencial y otros tres exfuncionarios fueron hallados culpables por su participación en el desvío de fondos públicos para campañas políticas en el marco del caso “Corrupción Sobre Ruedas”.
Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, exadministradora de Casa Presidencial, fue hallada culpable por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, por fraude continuado a título de cómplice necesario y por estafa.
Asimismo, la instancia judicial dictaminó la responsabilidad penal de los ciudadanos David Eduardo Ortiz, Juan Ramón Maradiaga Franco, Elmer Geovanny Ordoñez Espinal y Gonzalo Molina Solórzano en el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
“Esto es en relación a la creación de una empresa que fue puesta a nombre del conductor de la ciudadana Carol Vanessa Alvarado, estos supuestamente iban a proporcionar vehículos blindados para el traslado de los fondos del Bono 10 Mil, los cuales al momento de ser utilizados no se proporcionaron y fueron utilizados por carros del Estado ocasionando un fraude de más de 4 millones de lempiras, explicó Bárbara Castillo, portavoz judicial.
Así drenaron fondos de Bono 10 mil
Con la creación de una empresa de fachada y en menos de un año, un grupo de exfuncionarios junto a sus cómplices drenó más de 11 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
De acuerdo a la línea de investigación, los exfuncionarios sustrajeron fondos del proyecto de ayuda social conocido como Bono 10 mil, manejado por Banadesa y que pretendía ser usado para madres solteras, niños y adultos mayores en escasos recursos.
La investigación de la Maccih señala que los involucrados gastaron 11,401,151 lempiras, sustraídos en 104 retiros, desde el 4 de julio de 2013 a mayo de 2014.
Tras ser hallados culpables, los exfuncionarios seguirán gozando de medidas sustitutivas distintas a la prisión a la espera de la audiencia de individualización de la pena, programada para el 28 de junio.
Las indagaciones señalan que los fondos fueron destinados para el financiamiento de campañas políticas y para fines personales.
Parte del esquema fraudulento consistió en la firma de contratos simulados para el arrendamiento de vehículos blindados, los mismos fueron justificados luego de la muerte violenta de un empleado de Banadesa cuando se dirigía a realizar la entrega del Bono 10 Mil.
