Tegucigalpa, Honduras
De ser encontrado culpable de las tres acusaciones incoadas en su contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas, enfrentaría una pena de hasta 87 años de reclusión.
El exfuncionario enfrenta tres requerimientos fiscales en los cuales el Ministerio Público (MP) lo señala de incurrir en nueve delitos.
De acuerdo a lo que establece el Código Penal, la condena mínima por los nueve ilícitos suma 49 años de reclusión y 87 la máxima.
Según los hechos, en el pasado mes de febrero la Unidad de Apoyo Fiscal del MP interpuso el primer requerimiento fiscal contra Zelaya, por suponerlo responsable de dos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. De ser encontrado culpable por estos delitos se le impondría una pena mínima de 21 años y una máxima de 39 años de prisión.
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Este caso refiere a una supuesta sobrevaloración en la compra de pasajes aéreos a Estados Unidos para promocionar la afiliación de migrantes. El MP comprobó que siete exfuncionarios del IHSS realizaron viajes de placer a diferentes ciudades estadounidenses.
En marzo, el MP interpuso la segunda acusación contra Zelaya, por suponerlo responsable de abuso de autoridad y delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. De decretársele sentencia condenatoria por estos dos delitos, le impondrían una pena mínima de 12 años y una máxima de 24 años de reclusión.
El caso refiere a dos resoluciones aprobadas por la exdirectiva del IHSS el 30 de marzo y 20 de junio, de 2011, mediante la cual se aprueba la erogación de 1,520 millones de lempiras. Se justificó una consolidación de deuda por parte del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) frente al de Enfermedad y Maternidad. Se acusa a Zelaya de promover la aprobación de ambas resoluciones.
La última acusación contra Zelaya la presentó el MP el pasado 1 de septiembre, por suponer que incurrió en los delitos de lavado de activos y cohecho impropio pasivo. De ser declarado culpable por estos dos ilícitos el Tribunal de Sentencia le decretaría una pena mínima de 16 años y la máxima a 24 años de reclusión.
La acusación se relaciona a un supuesto soborno de un millón de dólares que habría recibido Zelaya, por representantes de una empresa, para agilizar el trámite de un pago.
Cabe referir que en caso de decretarse sentencia condenatoria firme va aparejada la inhabilitación especial y absoluta, más interdicción civil, por el doble del tiempo de la condena.
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Contundencia
En los tres requerimientos fiscales los tribunales le dictaron a Zelaya tres autos de formal procesamiento.
Las resoluciones se emitieron por todos los delitos imputados. Eso demuestra la contundencia con que el MP presenta las acusaciones, destacó el jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana. “Las resoluciones judiciales dicen la verdad”, indicó.
Explicó que cuando se cuenta con evidencias suficientes e irrebatibles, se procede a ejercer la acción penal.
El que se dicte el auto de formal procesamiento solo es un primer paso de la etapa preparatoria. Significa que existen los indicios suficientes que indique la comisión de los delitos y que Zelaya es sospechoso de cometerlos. El proceso judicial continuará con la audiencia preliminar, a celebrarse dentro de 60 días.
De interponerse apelaciones, el término se suspende y se reactiva hasta que el recurso se resuelva.
En la audiencia preliminar, el MP formaliza la acusación y se determina elevar la causa a juicio oral y público. Es en un Tribunal de Sentencia donde se evacuan las pruebas y se resuelve declarar culpable o inocente al acusado.
Según Aldana, los requerimientos fiscales interpuestos contienen elementos de peso para que se dicten las sentencias condenatorias contra Zelaya.
El MP no descarta ampliar más acusaciones contra el exdirector del IHSS, una vez que se concluyan otras líneas de investigación.
