Un hondureño se declaró culpable de conspirar para lavar 1.3 millón de dólares en sobornos y fondos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El compatriota fue identificado como Carlos Zelaya, de 47 años, quien residía en el área de Nueva Orleans.
Zelaya confesó ante el juez federal de distrito de Lousiana, Martin LC Feldman, haber blanqueado en los Estados Unidos más de 1.3 millones en pagos de sobornos extranjeros y fondos públicos de la República de Honduras.
Según las admisiones realizadas como parte del acuerdo de culpabilidad, Zelaya conspiró con su hermano, el ex director del IHSS, Mario Zelaya para lavar más de 1.3 millones de dólares en pagos de sobornos.
De acuerdo a las investigaciones, estos sobornos fueron pagados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego en el área de Nueva Orleans a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles, incluso para una propiedad comercial.
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Como parte de la conspiración, el imputado usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego blanqueó los fondos malversados en el área de Nueva Orleans.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Carlos Zelaya acordó renunciar a esas propiedades.
La investigación fue realizada por ICE Homeland Security Investigations New Orleans y Miami.
El caso está siendo procesado por los Abogados Litigantes Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana.
Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal.
Estos fiscales se asocian con agencias federales de aplicación de la ley para enjuiciar a aquellos que participan y facilitan la corrupción oficial extranjera que tiene efectos en el sistema financiero de los Estados Unidos, para perder los activos comprados con el producto de esa corrupción y, cuando corresponda, para repatriar los fondos recuperados para el beneficio de la gente del país perjudicada por tal abuso de los cargos públicos.
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