En una audiencia celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, el Estado de Honduras admitió su responsabilidad por la muerte de 107 reos en la granja penal de San Pedro Sula, acontecida en 2004.
En la audiencia participaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y representantes de familiares de las víctimas.
Se expuso ante los jueces un acuerdo firmado por la procuradora general Ethel Deras y los representantes de las víctimas, Joaquín Mejía y Carlos Paz.
Según lo acordado, el Estado indemnizará a los familiares de los 107 reos que fallecieron en la cárcel sampedrana. El recurso financiero será administrado en un fideicomiso. La iglesia católica colaborará para ese efecto.
Asimismo, Honduras prometió realizar en mayo de 2013 un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional.
La admisión pública de la responsabilidad lo hará el presidente Porfirio Lobo Sosa, acompañado por su Consejo de Ministros y autoridades del Poder Judicial.
Otros compromisos
Además, Honduras se comprometió a mejorar el sistema penitenciario.
Para ello se garantizó la construcción de un nuevo centro penal en San Pedro Sula y a reconstruir nueve cárceles. Asimismo, se acompañó la promesa de que tragedias similares no volverán a suceder.
También se prometió castigo para los culpables de la muerte de los 107 reos.
Se planteó que el gobierno creará una comisión independiente, con apoyo de la Iglesia Católica, para investigar las causas del siniestro, con la finalidad de deducir responsabilidades penales. Informes preliminares indican que el origen del incendio fue un cortocircuito.
La solución amistosa fue celebrada con la participación de la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, y el presidente de la CIDH, el peruano Diego García-Sayán.
Robinson dijo que los hechos ocurridos en 2004 “respondieron a fallas estructurales conocidas por el Estado”, por lo que espera que Honduras cumpla en adecuar sus cárceles a los estándares internacionales.
Por su lado, García-Sayán felicitó a las partes por los acuerdos alcanzados.
Precedente
No obstante de anunciar la solución amistosa, la Corte continuó escuchando a los testigos y peritos propuestos por las partes. Los magistrados recibieron los primeros peritajes y hoy continuarán la audiencia escuchando a representantes de la PGR y de parientes de las víctimas.
La audiencia sobre este caso se celebra poco después de que Honduras fue epicentro de una de las peores catástrofes carcelarias del mundo, el incendio el 14 de febrero del penal de Comayagua, con saldo de 361 reclusos muertos por causas accidentales, según las investigaciones preliminares.
El sistema penitenciario de Honduras es considerado una 'bomba de tiempo', pues las 24 cárceles existentes en el país, que tienen capacidad para albergar a 8.000 personas, contienen a 13.000.
