Tegucigalpa, Honduras
Las arbitrariedades y actos de corrupción cometidos por los exconcejales del desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial no quedarán en la impunidad.
Y es que el Ministerio Público ya trabaja en las acusaciones en contra de los exconcejales de este órgano judicial, según reveló a EL HERALDO una fuente ligada al ente acusador.
“En los próximos días se estará emitiendo un requerimiento fiscal”, confió la fuente.
El Consejo de la Judicatura previo a ser declarado inconstitucional estaba conformado por Jorge Rivera Avilez, Teodoro Bonilla, Francisco Quiroz, Liliam Maldonado, Julio César Barahona y Celino Aguilera.
La acusación se estaría extendiendo contra al menos cuatro exfuncionarios, confirmó la fuente.
Estos exfuncionrios han sido señalados en investigaciones internas de otorgar viáticos al margen de las normas, aumentos selectivos a salario de empleados judiciales sin la respectiva documentación de soporte, contratación de familiares y otras irregularidades.
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El año anterior el Poder Judicial conformó la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal que entre sus funciones tenía la responsabilidad de verificar las contrataciones, movimientos y nombramientos de personal.
Asimismo, identificar el cumplimiento y aplicación de la Constitución, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y su reglamento.
Durante el año fiscal 2015, los concejales ejecutaron 4.9 millones de lempiras por concepto de pago de viáticos que equivale al 14.8 por ciento de viáticos totales del Poder Judicial.
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Primeras acciones
El viernes anterior, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) secuestró una serie de documentos en los juzgados de Choluteca, Nacaome, San Lorenzo y Goascorán, en torno a las contrataciones irregulares realizadas por el vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla.
El entonces funcionario, en un evidente abuso de poder, nombró a primos, tíos, hermanos y a su padre, sin seguir los procedimientos internos ya establecidos para el reclutamiento, selección y contratación del personal judicial y auxiliar a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estas acciones abrirán el camino para que el Ministerio Público judicialice estos casos de corrupción.
Esta línea de investigación se desprendió de una serie de denuncias y de los hallazgos plasmados en el Informe de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal del Poder Judicial.
Actualmente, Teodoro Bonilla enfrenta un proceso penal por tráfico de influencias en el sonado caso Shalom.
Por este caso cumple arresto domiciliario y ya se encuentra en agenda para ir a juicio oral y público.
Previo la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán deberá resolver una recusación contra uno de los jueces de la Sala III del Tribunal de Sentencia que presuntamente fue favorecido por Bonilla.
