TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De los 2,500 millones de dólares autorizados a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para la contratación directa de préstamos internos o externos se podrán destinar recursos para el financiamiento del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para los ejercicios fiscales 2020 al igual que 2021, incluyendo otros requerimientos ineludibles que fueran necesarios para cubrir el déficit fiscal.
Lo anterior fue aprobado por los diputados del Congreso Nacional como parte del proyecto de decreto de racionalización del gasto público para la disminución presupuestaria en el porcentaje que sea necesario a todas las instituciones públicas hasta a los poderes del Estado.
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Finanzas quedó autorizada para la aplicación de las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público con la finalidad de realizar todas las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para disminuir el actual presupuesto en el porcentaje que sea requerido, abarcando las transferencias a favor de entidades tanto del sector público como privado.
El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, sugirió que se incorpore en el articulado que Sefin pondrá a consideración del CN las medidas de disminución del gasto que deberán efectuar los entes nombrados por el órgano unicameral y demás poderes estatales.
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Otras reformas
Dos numerales del artículo 192 del decreto 171-2019 contentivo del Presupuesto 2020 fueron reformados para que las municipalidades ejecuten el 45% de las transferencias en obligatorio cumplimiento en actividades dirigidas a la prevención y al acompañamiento estricto al combate a la pandemia del covid-19, considerándolo como inversión social e infraestructura. Mientras que el 10% de estos fondos que reciben las alcaldías se invertirán para “promover una cultura de paz, justicia a su vez de convivencia”.
Por otro lado, se admitió una reforma por adición al artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público en el sentido que se exceptúan de la prohibición de introducción de automotores con más de diez años de uso, los vehículos con una antigüedad superior a los 35 años y que sean considerados como automóviles clásicos al igual que antiguos.
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