El decreto que aprueba penas contra maestros por abandono de aulas resulta innecesario.
Así lo valoró el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
El gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa declaró santuarios las aulas de clase, penalizando a los maestros que se atrevan a no dar clases por irse a las calles a protestar.
Para el fiscal especial, ya existen leyes que castigan a los maestros por esta causa, lo que falta es aplicarlas.
“Lo que sucede es que ya existe toda una regulación que obliga a cada servidor a cumplir con un deber”, expresó. “Lo que ha fallado es el nivel de sanción, de supervisión oportuna, hemos acumulado tantos eventos (paros de labores) donde el referido numérico de 200 días de clase no se han cumplido”, agregó el fiscal.
El Código Penal faculta a deducir responsabilidades por la comisión del delito de violación a los deberes de los funcionarios, entre otros que se configurarían por el abandono de aulas de manera injustificada. El delito es sancionado de tres a seis años de reclusión.
“Ya tenemos los medios como para obligar a que el servidor cumpla con su deber”, expresó Enamorado.
En relación al tema, el fiscal especial reiteró la obligación que tienen las autoridades de Educación para aplicar sanciones administrativas por el abandono de aulas, entre ellas la deducción de salarios.
Asimismo, el remitir informes al Ministerio Público para deducir acciones penales contra dirigentes magisteriales y maestros que se van a paro de manera injustificada, en los casos que ameriten.
