TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con más de cien votos favorables, el Congreso Nacional aprobó el jueves la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo en tercer y último debate.
De ahora en adelante queda prohibido que aviones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) dañen, destruyan, inhabiliten o amenacen a una aeronave civil que esté en servicio.
En un término de 30 días después de que la nueva normativa sea publicada en el diario oficial La Gaceta, la Secretaría de Defensa deberá de emitir el reglamento de aplicación.
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El decreto 347-2013 contentivo de la misma legislación que se encuentra vigente hace seis años quedará derogado con el novedoso instrumento jurídico que define un procedimiento para la identificación, rastreo e interceptación con disparos de advertencia de aeronaves sospechosas del tráfico de drogas, tras las presiones de Estados Unidos que se opuso al derribo de aviones debido a sus operaciones encubiertas contra el narcotráfico.
Varios cambios de forma (particularmente de palabras) sufrió el articulado de este marco legal durante su debate en la sexta sesión virtual que sostuvieron los diputados del CN.
“Esta nueva ley permite que fortalezcamos el tema de cooperación con otros Estados”, manifestó el congresista Samuel Reyes, quien presidió la comisión que dictaminó el proyecto de decreto.
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Durante la reunión remota también se admitió la reforma al artículo 41 de la Ley del Ministerio Público (MP) referente a la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
“A quien le corresponderá por decisión del fiscal general o de quien este designe la investigación de los delitos graves y de fuerte impacto social, y descubrir a los autores, cómplices y demás participantes, proporcionará a los agentes de Tribunales del Ministerio Público, la información y resultados de la investigación para el ejercicio de la acción penal”, subraya el cambio de la disposición.
La modificación obedece a la enmienda aprobada al artículo 184 del Código Procesal Penal que establecía un catálogo de 21 delitos por los que no procedían las medidas sustitutivas a la prisión.
Como una atadura en perjuicio de la ATIC tildó esta enmienda el legislador del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon.
Sin embargo, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano salió al paso y aseguró que “esta reforma no limita las atribuciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, más bien las fortalece, le da más capacidades”.
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