TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vez que el consenso y la sensatez primó en el Poder Legislativo, los diputados aprobaron el presupuesto de 1,492 millones de lempiras para las elecciones primarias, dejando pendiente para este lunes la discusión y aprobación de las reformas a dos artículos de la Ley Electoral relacionadas con la confiabilidad del proceso y la transmisión de los resultados.
“Hoy (sábado) hemos dado un buen mensaje a la sociedad hondureña que pese a que el sector oficial y la oposición podemos tener opinión contraria, hoy fuimos capaces de construir consenso”, sostuvo el congresista oficialista (de Libre) Ramón Barrios.
En esta sesión, el Congreso Nacional (CN), además de aprobarle el presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE), también le avaló que sin gasto adicional haga uso de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Igualmente, aprobó una iniciativa de ley para que el órgano electoral pueda hacer compras directas.
Asimismo, el pleno comenzó la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Electoral, pero esta se suspendió luego de que en el dictamen enviado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se detectaran contradicciones con otras normativas, que son necesarias subsanar.
Los congresistas de todas las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo luego de que el oficialismo retiró del proyecto de la ley de presupuesto el artículo 3, que hacía referencia a la seguridad del proceso electoral mediante el uso de la biometría o identificación facial en todas las juntas receptoras de voto, para evitar la inflación de los resultados y el fraude.
Como esto contradecía la Constitución y la Ley Electoral, y dado que la ley del presupuesto para las primarias es un decreto transitorio, entonces las bancadas llegaron al acuerdo de que lo relacionado a la seguridad y transparencia de este proceso se realice mediante la reforma a los artículos 263 y 278 de la Ley Electoral, para que quede de manera permanente tanto para comicios primarios como para elecciones generales.
Se ha dicho muchas cosas acerca de que “no había una voluntad de parte de nuestro gobierno, sin embargo, vamos a elecciones y que sean las urnas las que hablen el próximo año”, sostuvo Luis Redondo a los medios tras suspender la sesión.
Entre tanto, la diputada liberal Maribel Espinoza consideró que el retiro del artículo 3 es un logro de la oposición dado que se pretendía violentar la Constitución al incorporar disposiciones que corresponden exclusivamente a la Ley Electoral.
Alabó que la seguridad del proceso electoral se discuta como corresponde. “Creo que Libre en esta oportunidad, digan lo que digan, aunque lo nieguen, han admitido que lo que estaban haciendo es inconstitucional. La oposición siempre va a tener mayoría en los temas electorales porque no vamos a permitir imposiciones”, añadió Espinoza.
Reformas
El objetivo de los cambios en los artículos 263 y 278 de la Ley Electoral, según el dictamen del proyecto, descansa en garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y confiable, elementos fundamentales para el desarrollo democrático de cualquier país, diseñando en tal sentido fortalecer diversos aspectos del proceso electoral y asegurando así su integridad y eficacia.
Entre las medidas propuestas se incluyen la implementación de tecnologías como la biometría y la mejora de la documentación electoral, la implantación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los tres niveles electivos. Estas reformas buscan fortalecer y transparentar la democracia, reduciendo la posibilidad de fraudes electorales y asegurando que el cargo de elección popular sea ocupado por la persona que efectivamente haya recibido la mayor cantidad de votos, señala el dictamen.
La reforma del artículo 263 de la Ley Electoral hace referencia al desarrollo de la votación, la cual se propone que se lea así: El presidente requiere a cada elector que ingrese a la Junta Receptora de Votos (JRV) la presentación de su Documento Nacional de Identificación (DNI); debe mostrar dicha tarjeta a los demás miembros; seguidamente, entregarla al secretario, quien debe comprobar su huella dactilar en el lector electrónico, el cual contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica, para todas las Juntas Receptoras de Votos o cualquier otro dispositivo que el CNE asignare a cada Junta.
La modificación que se destaca es que el lector electrónico “contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica, para todas las Juntas Receptoras de Votos”.
Mientras que el cambio en el artículo 278 radica en que una vez concluido el escrutinio en cada uno de los tres niveles electivos, la JRV en pleno, por medio de los formatos y en aplicación de los procedimientos técnicos, transparentes y seguros, establecidos previamente por el órgano electoral, debe realizar la transmisión simultánea de los resultados de cada uno de los tres niveles electivos inmediatamente al CNE, a los partidos políticos, a alianzas y a las candidaturas independientes participantes en el proceso.
Se deben enviar las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos con los resultados de cierre, asegurando que una copia del acta de cierre sea entregada a cada uno los miembros de la JRV para efectos de cotejar los resultados.
En primera instancia se debe asegurar, después de cada escrutinio, la transmisión del nivel electivo presidencial, posteriormente el nivel de diputados y corporaciones municipales, según vayan ingresando los resultados desde la JRV o Centros de Votación. El orden anteriormente establecido debe respetarse. El CNE debe iniciar la respectiva divulgación a partir del 20% de los datos transmitidos en el nivel de diputados y municipal. Tanto la identificación biométrica como el sistema de TREP “son obligatorios para las elecciones primarias y generales”, establece el dictamen de reformas que hoy entra en discusión y aprobación.
Barrios aseguró que todavía hay tiempo para aprobar las reformas y que se implementen para las próximas elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
